El Gobierno nacional oficializó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mediante un decreto, en el marco de su política de reducción del Estado y paralización de la obra pública. La medida, que afecta a más de 5.500 trabajadores y deja en incertidumbre el mantenimiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, generó una fuerte reacción de sindicatos, provincias y sectores políticos.

El mismo día en que se anunció la disolución, la DNV publicó una licitación para la compra de neumáticos por 2,4 millones de dólares, lo que despertó sospechas entre el personal y los gremios sobre el destino de los recursos y la posible transferencia de bienes a manos privadas. “Están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta. No tiene ninguna lógica ni racionalidad más que la de cerrar una compra que vaya uno a saber quién va a usufructuar”, expresó Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad.

El decreto 462/2025 establece que las funciones de la DNV pasarán al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Sin embargo, sindicatos y especialistas advierten que la medida implica un vaciamiento del Estado y pone en riesgo la seguridad vial, ya que no existe un ente técnico con capacidad operativa propia para fiscalizar el estado de las rutas y los contratos con empresas privadas.

En el Congreso, el debate se centra en el destino de los fondos de infraestructura. Aunque la media sanción en el Senado podría aumentar los recursos para las provincias, no hay garantías de que se destinen al mantenimiento de rutas. Legisladores de distintos bloques reconocen la necesidad de declarar la emergencia vial y garantizar partidas presupuestarias específicas.

El cierre de Vialidad Nacional marca el fin de una política pública iniciada en 1932, que fue clave para el desarrollo de la infraestructura argentina. Según datos recientes, el porcentaje de rutas en buen estado cayó del 54,9% en 2022 al 47,5% en 2024, mientras que el gasto en infraestructura se redujo un 82%. La incertidumbre sobre el futuro del mantenimiento vial y la seguridad en las rutas genera preocupación en todo el país, mientras sindicatos y provincias recurren a la Justicia para frenar la medida.