El ataque al edificio de TN y eltrece, ocurrido el pasado 10 de junio en el barrio porteño de Constitución, continúa bajo investigación judicial tras la aparición de nuevas pruebas que vinculan a más militantes de La Cámpora con el hecho. Un informe reciente del Centro de Información Judicial (CIJ) reveló que, además de los seis imputados por ingresar y causar daños en la sede de Artear, existen comunicaciones y ubicaciones que conectan a otros dirigentes y militantes kirchneristas con el grupo responsable del ataque.

Según el CIJ, el análisis de llamadas y geolocalización de teléfonos entre las 19.50 y las 23.54 de ese día permitió identificar vínculos entre los seis sospechosos y otros militantes que estuvieron en las inmediaciones del canal. Si bien no hay pruebas de que estos nuevos señalados hayan ingresado al edificio, los investigadores sostienen que las conexiones telefónicas y la presencia física en la zona apuntan a una posible coordinación y apoyo logístico.

Entre los nuevos nombres mencionados figuran Juan Agustín Debandi, concejal de Tres de Febrero e integrante de La Cámpora, Santiago Gambarte, militante estudiantil, Ángel Pereira, exempleado del Renaper, y Roxana López, exdiputada provincial y actual empleada del Ministerio de Salud bonaerense. Todos ellos mantuvieron comunicaciones con Facundo Lococo, uno de los imputados, durante el lapso en que se produjo el ataque.

El episodio se produjo en el contexto de una movilización kirchnerista en apoyo a Cristina Kirchner, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena por corrupción en la causa Vialidad. La manifestación derivó en incidentes cuando un grupo de militantes irrumpió por la fuerza en el edificio de Artear, provocando destrozos en autos, vidrios, mobiliario interno y robos de bicicletas.

La causa, que inicialmente era investigada por la justicia porteña, fue derivada a la Justicia Federal bajo la figura de "intimidación pública", lo que implica un cambio de fuero y la posibilidad de ampliar la investigación. En julio, la Justicia ya había impuesto restricciones a tres de los imputados, como la obligación de presentarse periódicamente y la prohibición de acercarse al edificio de Artear.

Las nuevas pruebas refuerzan la hipótesis de que el ataque no fue espontáneo, sino parte de una acción organizada con apoyo logístico desde las inmediaciones. La Justicia evalúa ahora si corresponde ampliar la acusación y citar a declarar a los nuevos señalados, mientras el caso sigue generando debate sobre la responsabilidad de agrupaciones políticas en hechos de violencia. Se espera que la investigación avance en las próximas semanas, con posibles implicaciones para los involucrados y para el clima político nacional.