Franco Oscari, joven campesino y militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), fue detenido en la localidad de Palma Sola, Jujuy, tras una investigación federal por presuntas amenazas de muerte dirigidas a la senadora Patricia Bullrich a través de redes sociales. El operativo, realizado por la Policía Federal Argentina bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad y con orden del juez Ariel Lijo, incluyó un allanamiento en la vivienda de Oscari durante la madrugada, donde se secuestró un teléfono celular considerado clave para la causa.

Según fuentes judiciales, los mensajes intimidatorios exigían la renuncia de la funcionaria bajo amenazas explícitas. "Renunciá ya, si no te vamos a mandar a matar", fue una de las frases incorporadas a la investigación. La gravedad de las amenazas aceleró la intervención judicial y el despliegue de fuerzas federales.

Sin embargo, la detención generó fuertes críticas de organizaciones sociales, de derechos humanos y referentes políticos, quienes denunciaron irregularidades en el procedimiento. Durante varias horas se desconoció el paradero de Oscari, lo que llevó a la presentación de un habeas corpus por parte de su defensa. Finalmente, se confirmó que el joven había sido trasladado a San Miguel de Tucumán, tras pasar por Salta, y el juez Lijo suspendió su traslado a Buenos Aires.

Desde el MNCI y otros colectivos se denunció persecución política y se exigió respeto a las garantías procesales. Legisladores provinciales y nacionales solicitaron informes sobre el operativo y manifestaron preocupación por la situación. Por su parte, el Ministerio de Seguridad y la Justicia federal defendieron la legalidad del procedimiento y remarcaron la gravedad de las amenazas.

El caso se produce en un contexto de creciente tensión por desalojos y luchas campesinas en Jujuy, donde ya se han registrado antecedentes de detenciones por expresiones en redes sociales. El desenlace judicial y político del caso Oscari podría sentar precedentes sobre el equilibrio entre seguridad y derechos democráticos en el país.