La crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado ha dejado 96 muertes en hospitales de Argentina, generando una investigación judicial de gran magnitud. El laboratorio HLB Pharma, dirigido por Ariel García Furfaro, se encuentra en el centro de la polémica, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos.

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, se defendió públicamente de las acusaciones y denunció ser víctima de persecución. "Voy a ir preso muy pronto, no quieren que se sepa la verdad", declaró en una entrevista radial, insinuando la posible intervención de servicios de inteligencia en la contaminación de los lotes. Sin embargo, remarcó: "Si soy culpable, lo decidirá un juez".

El juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la causa, respondió a las críticas del presidente Javier Milei y le recordó su obligación constitucional de no interferir en el proceso judicial. "Respeto por las víctimas y las instituciones", afirmó Kreplak, subrayando la importancia de mantener la imparcialidad y evitar la politización del caso. Los familiares de las víctimas, representados por Sol y Adriana Francese, expresaron su apoyo al magistrado y pidieron que la investigación continúe sin presiones externas.

En el marco de la investigación, el Instituto Malbrán analiza los lotes de fentanilo contaminados, mientras el Cuerpo Médico de la Corte Suprema revisará historias clínicas de los pacientes fallecidos. El Gobierno, por su parte, destacó la acción del ministro de Salud, Mario Lugones, quien supervisó la retirada de más de 100 mil ampollas contaminadas, evitando potencialmente cientos de muertes. Además, se señaló que el laboratorio de García Furfaro no había sido inspeccionado por la ANMAT desde 2020 y que la habilitación fue revocada en 2024.

La Cámara de Diputados, a través de la comisión de Acción Social y Salud Pública, aprobó un dictamen unificado para exigir informes al Gobierno sobre los controles a los laboratorios y las alertas sanitarias activadas. "Esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa en la Argentina desde la creación de la ANMAT", afirmó el diputado Pablo Yedlin.

El caso, considerado la mayor catástrofe sanitaria en la historia del país, sigue bajo investigación, con pericias médicas y judiciales que serán clave para determinar responsabilidades y evitar futuras tragedias. Las familias de las víctimas mantienen la esperanza de que se haga justicia y piden que la causa se difunda para sumar a otros afectados.