Suyai Contreras, una mujer de 31 años que ya se encontraba bajo arresto domiciliario por instigar un homicidio, fue imputada esta semana por intentar contratar sicarios para asesinar a la fiscal Mayra Febrer en la ciudad de Cutral Co, Neuquén. La acusación, presentada por el fiscal jefe Gastón Liotard y respaldada por el fiscal general José Gerez, sostiene que Contreras ofreció una ametralladora, una camioneta Ford Ranger y una suma de dinero a terceros para concretar el crimen.

La audiencia de formulación de cargos se realizó el 19 de junio, donde la fiscalía expuso pruebas que incluyen escuchas y testimonios sobre la oferta de recursos para el ataque. El juez de garantías Lisandro Borgonovo revocó la prisión domiciliaria que Contreras cumplía y ordenó su traslado a la Unidad de Detención N° 16 de Neuquén, dictando prisión preventiva por dos meses mientras avanza la investigación. La defensa de Contreras argumentó la falta de pruebas contundentes y solicitó considerar la situación de sus hijos menores, pero el tribunal priorizó la gravedad de los hechos y el riesgo de entorpecimiento de la causa.

El caso ha generado conmoción en el ámbito judicial y social de la provincia. El fiscal general Gerez manifestó: "Vengo como titular del Ministerio Público Fiscal, representando a todos los fiscales y las fiscales, a apoyar, brindar mi solidaridad y el respaldo institucional a la fiscal Mayra Febrer, que es quien resultó víctima de este hecho grave". Además, enfatizó que "ningún delincuente va a venir a amedrentarnos por hacer nuestro trabajo" y confirmó la implementación de medidas de seguridad para proteger a la fiscal y su familia.

Contreras ya había sido imputada la semana anterior por instigar el homicidio de Javier Charpentier, un trabajador municipal de Plaza Huincul, caso en el que dos personas fueron condenadas como autores materiales. El conflicto entre Contreras y la familia Charpentier estaría vinculado a denuncias de narcomenudeo y violencia previa en la región.

El episodio es considerado "sin precedentes" en Neuquén por la gravedad de las amenazas contra una funcionaria judicial. La comunidad local y el ámbito judicial permanecen atentos al desarrollo de la causa, que podría sentar un precedente en la protección de operadores de justicia frente a amenazas delictivas.