El gobierno de Javier Milei prepara un nuevo y severo paquete de ajuste económico tras la derrota electoral sufrida en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de cumplir las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre las medidas previstas se encuentran la reducción de salarios estatales, la quita de subsidios a la energía y el transporte, y un recorte en las transferencias a las provincias. Además, se impulsarán reformas estructurales en el sistema jubilatorio, el mercado laboral y los programas sociales, buscando consolidar un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025, una meta más exigente que la solicitada por el propio FMI.

El FMI, por su parte, ha respaldado el rumbo económico del gobierno argentino, aunque ha enfatizado la necesidad de mayor transparencia en la política monetaria y cambiaria, así como la importancia de acumular reservas internacionales. Julie Kozack, vocera del organismo, destacó los avances en la reducción de la inflación, que se mantuvo por debajo del 2% mensual durante cuatro meses consecutivos, y celebró el superávit fiscal alcanzado hasta agosto. Sin embargo, advirtió que el Fondo seguirá de cerca la presentación del presupuesto 2026 y la capacidad del gobierno para sostener las reformas comprometidas.

La reacción de los mercados tras la derrota electoral fue negativa, con caídas pronunciadas en los activos argentinos y una intervención del Banco Central para contener la volatilidad del dólar. El gobierno, a través de su vocero y del ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que no habrá cambios en la orientación económica y que el equilibrio fiscal seguirá siendo la prioridad.

En este contexto, Argentina continúa bajo la presión de cumplir con los compromisos asumidos ante el FMI, en un escenario de creciente tensión social y política. El país, que mantiene un acuerdo de facilidades extendidas por US$20.000 millones, enfrenta el desafío de sostener la disciplina fiscal y monetaria en medio de una economía frágil y una sociedad afectada por el ajuste.