El gobierno argentino se encuentra en el centro de un escándalo político tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que sugieren la existencia de un presunto esquema de coimas en el organismo. Los audios involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional, generando una fuerte controversia en el oficialismo y la oposición.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, salió al cruce de las acusaciones y calificó el contenido de los audios como "absolutamente falso" y "super editado". En declaraciones a diversos medios, Menem atribuyó la filtración a una "monumental operación política" impulsada por sectores del kirchnerismo, en el marco de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. "Todo indica que la operación viene del lado del kirchnerismo", afirmó, y agregó que la Justicia debe investigar el caso y que "le caiga todo el peso de la ley al responsable".

El gobierno decidió apartar preventivamente a Spagnuolo, argumentando que, de ser cierto el contenido de los audios, el funcionario habría omitido denunciarlo, y de no serlo, habría realizado comentarios negativos sobre otros miembros del gabinete. Menem también negó cualquier vínculo indebido con la Droguería Suizo Argentina, empresa mencionada en la investigación, y explicó que su relación con el sector farmacéutico se debe a su actividad privada en suplementos dietarios.

La oposición, por su parte, exige explicaciones públicas y transparencia, mientras algunos medios señalan que el escándalo afecta los números del oficialismo en las encuestas. El presidente Javier Milei, hasta el momento, no se ha pronunciado sobre el tema, y el debate público se centra en la autenticidad de los audios y la respuesta institucional del gobierno.

El caso se desarrolla en un contexto de alta polarización política y a pocos días de las elecciones, lo que intensifica las tensiones entre oficialismo y oposición. La Agencia Nacional de Discapacidad ha sido objeto de controversias previas, y el oficialismo busca minimizar el impacto electoral, enfatizando la transparencia y la gestión institucional. Las investigaciones judiciales continúan, mientras el oficialismo advierte sobre la posibilidad de nuevas operaciones mediáticas en la recta final de la campaña.