La Justicia civil de Mar del Plata emitió un fallo sin precedentes al condenar a una entidad bancaria pública a pagar más de 26 millones de pesos a una clienta que fue víctima de una estafa digital. El caso, que se originó tras el vaciamiento de las cuentas de la usuaria mediante una maniobra de phishing, pone en el centro del debate la responsabilidad de los bancos en la protección de los fondos de sus clientes frente a delitos informáticos.

Según consta en la sentencia, la clienta recibió un correo electrónico que simulaba provenir del banco, con el que fue inducida a ingresar sus datos personales y claves de acceso. Al día siguiente, descubrió que se habían realizado transferencias no autorizadas por un total de 3,7 millones de pesos, superando los límites operativos habituales. La entidad bancaria, lejos de restituir el dinero o brindar una explicación satisfactoria, argumentó que la usuaria había facilitado voluntariamente sus credenciales, postura que fue rechazada por la Justicia.

El Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Mar del Plata consideró que el banco incumplió sus deberes de seguridad y colaboración, y que el riesgo tecnológico inherente a la banca digital no puede ser trasladado al consumidor. "La seguridad bancaria digital es una obligación institucional, no una carga para el usuario", enfatizó el fallo, que también destacó la importancia de activar alertas y bloqueos ante operaciones inusuales o accesos desde ubicaciones no habituales.

La pericia informática fue determinante para reconstruir la maniobra delictiva, confirmando que el acceso a las cuentas se realizó desde direcciones IP extranjeras y en horarios atípicos. El juez valoró negativamente la conducta posterior del banco, que cerró el reclamo interno atribuyendo la responsabilidad a la víctima y no acreditó una investigación exhaustiva ni gestiones para recuperar los fondos.

La indemnización establecida incluye el monto sustraído, una suma por daño moral y una sanción adicional en concepto de daño punitivo, superando siete veces el monto robado. El fallo busca no solo reparar el daño individual, sino también enviar un mensaje preventivo y disuasorio al sistema financiero, en un contexto de creciente digitalización y aumento de fraudes electrónicos en Argentina.

La resolución reafirma la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor en la relación entre bancos y usuarios, y podría sentar un precedente para futuros casos similares, reforzando la responsabilidad de las entidades financieras frente a fraudes digitales.