El gobierno argentino ha intensificado la búsqueda de Galvarino Sergio Apablaza Guerra, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos a quienes aporten información útil para su captura. Apablaza, prófugo de la justicia chilena, es acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y del secuestro de Cristián Edwards. La reciente orden de detención, firmada por la jueza María Servini, se emitió en el marco de un proceso de extradición solicitado por Chile desde hace más de una década.

El operativo policial argentino no logró dar con el paradero de Apablaza, quien no se encontraba en su domicilio al momento de la intervención. La medida judicial se produce en un contexto de alta sensibilidad política, coincidiendo con la conmemoración de los 35 años del asesinato de Guzmán y la próxima visita oficial del presidente chileno José Antonio Kast a Buenos Aires. El gobierno chileno, a través de su ministro del Interior, Claudio Alvarado, reclamó a la administración de Javier Milei "los mayores esfuerzos" para concretar la extradición.

El caso de Apablaza ha atravesado distintos gobiernos y decisiones judiciales en Argentina. En 2010, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, se le otorgó el estatus de refugiado político, lo que bloqueó temporalmente su extradición. Sin embargo, en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, ese estatus fue revocado, abriendo nuevamente la posibilidad de su entrega a Chile. Actualmente, la situación legal de Apablaza sigue en disputa, ya que su defensa argumenta que la orden de detención es "ilegal" y contraria a la Convención de Refugiados, mientras que el gobierno argentino sostiene la validez del proceso judicial.

El caso se ha convertido en un tema central de la agenda bilateral entre Argentina y Chile, especialmente para sectores políticos de derecha en el país trasandino, que consideran la extradición de Apablaza una cuestión de justicia histórica. La ministra vocera del gobierno chileno, Mara Sedini, enfatizó la necesidad de que Apablaza "enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley". Por su parte, la defensa del exguerrillero insiste en que el proceso de refugio aún no está cerrado y que cualquier extradición sería una violación de derechos internacionales.

La resolución de este caso podría tener implicancias significativas en la relación diplomática entre ambos países y en la política interna de Argentina, donde el respeto a los tratados internacionales y la cooperación en materia de seguridad están en el centro del debate.