El presidente Javier Milei designó al teniente general Carlos Presti, actual jefe del Ejército, como nuevo ministro de Defensa, en una decisión que rompe con más de cuatro décadas de tradición democrática en Argentina, donde el cargo era ocupado exclusivamente por civiles. Presti, quien ingresó al Colegio Militar en 1984, mantendrá su estatus de militar activo al frente de la cartera, una situación que no se registraba desde el retorno de la democracia en 1983.

La medida fue presentada por el gobierno como un acto de reivindicación hacia las Fuerzas Armadas, argumentando la idoneidad y experiencia de Presti en temas militares. "Seguiré con jerarquía militar", declaró el flamante ministro, quien evitó pronunciarse sobre el pasado reciente y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, pese a que su padre, Roque Carlos Presti, fue acusado de crímenes de lesa humanidad.

El nombramiento se produce en un contexto de creciente tensión en torno a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. En la misma semana, sectores afines al oficialismo y militares retirados convocaron a una marcha para exigir la liberación de represores condenados, lo que encendió las alarmas entre organismos de derechos humanos. Además, se han registrado demoras y un aumento de absoluciones en juicios por delitos de lesa humanidad, lo que algunos analistas vinculan a un cambio de clima político y judicial.

Desde la recuperación democrática, la conducción civil del Ministerio de Defensa fue vista como un pilar para garantizar la subordinación militar al poder político y evitar la repetición de episodios autoritarios. La designación de Presti reabre el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la vida institucional y la vigencia de los consensos democráticos alcanzados en las últimas décadas.

Mientras exministros y referentes de derechos humanos califican la decisión como un "retroceso democrático", sectores militares y del oficialismo la celebran como un reconocimiento largamente postergado. El gobierno, por su parte, sostiene que la experiencia y formación de Presti justifican su nombramiento y descarta riesgos de militarización. El impacto de esta decisión, sin embargo, podría extenderse más allá del ámbito castrense, afectando la política de derechos humanos y la relación entre el Estado y las Fuerzas Armadas en el futuro próximo.