El gobierno argentino ha puesto en marcha el Plan Guacurarí, una nueva estrategia de seguridad destinada a reforzar el control en la frontera entre Misiones y Brasil. La medida, oficializada mediante la Resolución 626/2025, busca combatir el crimen organizado en una región marcada por actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

El operativo se centrará en un tramo de 25 kilómetros de frontera seca en la ciudad de Bernardo de Irigoyen, un área estratégica debido a su proximidad con Brasil y la ausencia de barreras naturales que faciliten el control. Según el Ministerio de Seguridad, la región ha experimentado un aumento en la actividad de grupos criminales como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Rojo, organizaciones brasileñas con una larga trayectoria en el tráfico de drogas y armas.

Para llevar a cabo esta iniciativa, se ha creado el Comando Unificado Guacurarí, que estará compuesto por representantes de diversas fuerzas federales, incluyendo la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También se contará con la participación de la Policía de la Provincia de Misiones como enlace. Este comando tendrá la responsabilidad de coordinar patrullajes, controles y operativos específicos para recuperar el control territorial.

El despliegue inicial tendrá una duración de 180 días, aunque podría extenderse si las autoridades lo consideran necesario. Durante este período, se implementarán medidas como vigilancia con drones, patrullajes motorizados y controles en horarios rotativos para evitar patrones predecibles. Además, se establecerá una base de operaciones en el Escuadrón 12 de Bernardo de Irigoyen, que ya cuenta con la infraestructura necesaria para alojar a los efectivos.

El Plan Guacurarí se suma a otras iniciativas similares, como el Plan Güemes en Salta y el Plan Roca en la frontera con Bolivia, que también buscan reforzar la seguridad en zonas críticas del país. Según el gobierno, estas medidas han mostrado resultados positivos en la reducción de delitos vinculados al narcotráfico y el contrabando.

Sin embargo, la implementación del plan no está exenta de desafíos. La geografía accidentada y la porosidad de la frontera complican el control efectivo, mientras que la interacción entre las comunidades locales y las bandas criminales añade una capa adicional de complejidad. A pesar de estos obstáculos, las autoridades confían en que el operativo contribuirá significativamente a mejorar la seguridad en la región.

El impacto de esta medida será evaluado periódicamente, y se prevé la posibilidad de ajustar las estrategias según los resultados obtenidos. Además, se buscará fortalecer las capacidades locales mediante capacitación específica y la provisión de tecnología de vigilancia. Con estas acciones, el gobierno espera no solo reducir la incidencia delictiva, sino también sentar las bases para un control fronterizo más efectivo y sostenible en el futuro.