La Justicia federal ordenó este viernes levantar la clausura de La Salada, el mayor complejo ferial textil de Argentina, permitiendo su reapertura bajo estrictas condiciones legales y administrativas. La medida, dispuesta por el juez federal Luis Armella, abarca los predios de Urkupiña, Punta Mogote y Cooperativa Ocean, y responde tanto a la investigación judicial por lavado de dinero, evasión fiscal y asociación ilícita, como a la presión social ejercida por los miles de trabajadores afectados por el cierre.

La fecha exacta de reapertura aún no ha sido definida y quedará a criterio de la fiscal Cecilia Incardona, quien deberá evaluar el cumplimiento de las condiciones impuestas. Entre los requisitos figuran la regularización laboral de todos los empleados, la prohibición de comercializar productos falsificados y la bancarización total de las operaciones, evitando el uso de efectivo. Además, se designará un interventor judicial que administrará las ferias por al menos 90 días, con fiscalización permanente de organismos como ARCA, el Ministerio de Trabajo y la Municipalidad de Lomas de Zamora.

La feria había sido clausurada el 22 de mayo tras un megaoperativo que incluyó más de 60 allanamientos y la detención de 15 a 16 personas, entre ellas Jorge Castillo, conocido como "el rey de La Salada". La investigación judicial reveló un esquema de ganancias millonarias informales, operaciones inmobiliarias y la utilización de testaferros para ocultar bienes. El cierre afectó a más de 30.000 empleados directos y a miles de beneficiarios indirectos, generando protestas y cortes en la zona.

La resolución judicial destaca que la reapertura busca evitar un daño social y económico mayor, pero advierte que cualquier incumplimiento de las nuevas condiciones podría derivar en una nueva clausura. La Salada, con más de 8.000 puestos en 18 hectáreas, ha sido señalada internacionalmente como un foco de piratería y falsificación, y su funcionamiento será ahora monitoreado de cerca por la Justicia y organismos estatales. El futuro del complejo dependerá del estricto cumplimiento de las normas impuestas y de la capacidad de sus administradores para garantizar la transparencia y legalidad de las operaciones.