La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó esta semana los dictámenes acusatorios contra dos jueces federales, Alfredo López y Pablo Díaz Lacava, quienes ahora enfrentan la posibilidad de ser sometidos a juicio político por mal desempeño en sus funciones. El caso de López, titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, se centra en la difusión de mensajes considerados antisemitas a través de su cuenta en la red social X. Según el dictamen, se identificaron 17 publicaciones que, de acuerdo con la definición de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), constituyen un patrón sistemático de hostilidad hacia la comunidad judía. López reconoció la autoría de los mensajes y argumentó que se trató de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, negando que sus opiniones afecten su imparcialidad o constituyan delito. Sin embargo, el dictamen sostiene que sus expresiones vulneran principios constitucionales y comprometen la imagen del Poder Judicial.

Por su parte, Pablo Díaz Lacava, juez federal de La Pampa, fue acusado de incurrir en violencia laboral y de género contra empleados y empleadas de su tribunal. La denuncia, respaldada por testimonios y pruebas técnicas, describe un ambiente de hostigamiento sistemático, amenazas y maltrato, que incluso motivó la intervención de la justicia penal. Díaz Lacava ya fue enviado a juicio oral por estos hechos y tiene una prohibición de acercamiento a sus empleados. En su defensa, el magistrado negó haber cometido delitos y sostuvo que algunas acciones fueron malinterpretadas, aunque reconoció incidentes como el lanzamiento de una piedra a una oficina, calificándolo de "broma".

Ambos dictámenes fueron aprobados por unanimidad en la Comisión y serán elevados al Plenario del Consejo de la Magistratura, que deberá decidir si los jueces son enviados a juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento. De prosperar la acusación, los magistrados podrían ser suspendidos y eventualmente destituidos. El proceso es seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos y la comunidad judicial, que destacan la importancia de garantizar la ética y la imparcialidad en el ejercicio de la función pública. El desenlace de estos casos podría sentar un precedente relevante para el control institucional sobre la conducta de los jueces en Argentina.