Andrea Pochak, vicepresidenta argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), enfrenta una denuncia penal en Argentina por presunto conflicto de intereses y otros delitos relacionados con su actuación en el denominado caso Catella. La denuncia, presentada ante la justicia federal, sostiene que Pochak, en su etapa como directora adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), patrocinó a la ex jueza Marta Susana Catella en una demanda contra el Estado argentino ante la CIDH. Posteriormente, ya como funcionaria pública y luego como comisionada de la CIDH, habría omitido excusarse de intervenir en el caso, lo que, según los denunciantes, comprometería su imparcialidad y podría constituir delitos como abuso de autoridad y administración fraudulenta.

El Gobierno argentino, a través de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, instruyó al embajador ante la OEA, Carlos Cherniak, a evitar que la CIDH emita un fallo favorable a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien enfrenta una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La preocupación oficial se centra en la posible influencia de Pochak en decisiones que puedan beneficiar al kirchnerismo en el ámbito internacional.

Desde la CIDH y el entorno de Pochak se niega cualquier intervención indebida. Pochak ha declarado públicamente que se inhibe de participar en casos relacionados con Argentina y que la denuncia en su contra forma parte de una campaña de desprestigio impulsada por sectores críticos del sistema interamericano de derechos humanos. El CELS también emitió un comunicado en defensa de la comisionada, denunciando intentos de deslegitimar tanto a Pochak como a la CIDH.

El caso Catella, que originó la controversia, cuestiona la legalidad de la destitución de la ex jueza bonaerense y alega violaciones a sus garantías judiciales. El expediente ha sido utilizado por sectores políticos y mediáticos para poner en duda la transparencia y la ética en la gestión de organismos internacionales de derechos humanos.

Hasta el momento, la CIDH no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia contra Pochak, y el caso permanece en evaluación judicial. El debate sobre la ética, la transparencia y la imparcialidad en organismos internacionales continúa abierto, mientras el Gobierno argentino busca limitar el impacto de posibles fallos adversos en el plano internacional.