Una investigación judicial en la ciudad de Neuquén sacudió al Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras descubrirse una presunta estafa multimillonaria contra la obra social OSPEPRI. Dos médicos, un traumatólogo infantil y un anestesista, están en el centro de la causa, acusados de haber facturado cirugías pediátricas que nunca se realizaron, generando un perjuicio estimado en más de 20 millones de pesos.

La maniobra fue detectada luego de una auditoría interna impulsada por el sindicato, que derivó en una denuncia penal y en una serie de allanamientos ordenados por la fiscal Valeria Panozzo y autorizados por el juez Marco Lupica Cristo. Los procedimientos se llevaron a cabo en una clínica privada y en los domicilios particulares de los profesionales, con el objetivo de secuestrar historias clínicas, computadoras y teléfonos celulares que pudieran aportar pruebas clave.

Según la denuncia, los médicos implicados habrían simulado intervenciones quirúrgicas a niños y niñas afiliados, quienes en realidad solo recibieron atención ambulatoria en consultorio. Los padres de los menores, convocados por la fiscalía, firmaron declaraciones juradas asegurando que sus hijos nunca fueron operados. El análisis de la documentación reveló incongruencias graves en los partes quirúrgicos, fichas filiatorias y consumos hospitalarios, lo que hace dudar de la veracidad de las prácticas facturadas.

El esquema fraudulento incluía la confección de partes quirúrgicos apócrifos, la ausencia de registros de internación y tiempos quirúrgicos irrealmente cortos. Además, los médicos actuaban siempre juntos, sin instrumentadores ni ayudantes en los registros, lo que resulta insólito para procedimientos de alta complejidad. Los pagos por las supuestas cirugías se realizaban bajo modalidad de pronto pago y fuera de los controles habituales del sistema de salud.

Fuentes judiciales calificaron el hecho como de "extrema gravedad", no solo por el daño económico causado, sino también por la afectación ética y profesional que implica utilizar a niños y sus familias como respaldo de operaciones inexistentes. El sindicato y la obra social se declararon "defraudados económicamente" y exigen sanciones ejemplares para los responsables. La Fiscalía de Delitos Económicos analiza ahora la evidencia secuestrada para definir las próximas medidas judiciales, mientras los nombres de los profesionales y pacientes se mantienen en reserva por protección legal.

El caso pone en cuestión los controles internos de las obras sociales y la ética profesional médica, y podría ampliarse si surgen nuevos casos en el futuro.