Los gobernadores de las 23 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires se reunieron esta semana en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, donde consensuaron impulsar un proyecto de ley que busca modificar la distribución de los fondos coparticipables y del impuesto a los combustibles. El objetivo central es garantizar una transferencia automática, diaria y transparente de estos recursos, ajustada a los coeficientes de coparticipación de cada jurisdicción, y eliminar la discrecionalidad en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, destacó la importancia del diálogo institucional y la necesidad de acuerdos entre gobernadores, legisladores y el Gobierno nacional para avanzar en la iniciativa. "No estamos pidiendo plata nueva, sino que se distribuya de manera equitativa y transparente, conforme a los índices de coparticipación", afirmó Jaldo. Por su parte, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue más crítico y señaló que la crisis económica actual es más intensa que la vivida durante la pandemia, defendiendo la eficiencia fiscal de su provincia y rechazando las acusaciones de la Casa Rosada sobre el manejo de los recursos.

Desde el Gobierno nacional, la respuesta fue contundente. Voceros y funcionarios advirtieron que el presidente Javier Milei vetará cualquier ley que, a su juicio, ponga en riesgo el superávit fiscal. "No nos asusta vetar", señalaron fuentes cercanas al mandatario, recordando que ya se han utilizado vetos en leyes de financiamiento universitario y movilidad jubilatoria. Además, confían en que, pese a las tensiones, los gobernadores terminarán apoyando los vetos para mantener el equilibrio fiscal.

El proyecto de los gobernadores también propone eliminar fondos fiduciarios y redistribuir el impuesto a los combustibles, destinando el 58,36% de lo recaudado a las provincias. Según estimaciones, la caída de la coparticipación federal entre 2024 y 2025 sería del 4,2%, lo que agrava la situación financiera de los distritos.

La iniciativa llega en un contexto de fragmentación política y negociaciones complejas en el Congreso, donde el oficialismo necesita acuerdos para avanzar con su agenda. Mientras tanto, los gobernadores buscan proteger los recursos provinciales y garantizar la prestación de servicios esenciales como salud, educación y seguridad. El desenlace dependerá de la capacidad de diálogo y negociación entre las partes, en un escenario marcado por la puja de intereses y la necesidad de consensos.