El Gobierno argentino confirmó este martes que vetará todas las leyes aprobadas por el Congreso que impliquen modificaciones en el reparto de fondos federales, aumentos previsionales y otras medidas que puedan afectar el equilibrio fiscal. La decisión, ratificada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, se produce en un contexto de alta tensión política tras el revés sufrido por el oficialismo en el Senado la semana pasada, donde se aprobaron proyectos que otorgan más recursos a las provincias y establecen beneficios previsionales.

Francos, en declaraciones a diversos medios, sostuvo que "todo lo que afecte el equilibrio fiscal será vetado", enfatizando que la política económica del Gobierno de Javier Milei se basa en la disciplina presupuestaria y el ajuste fiscal, compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional. El funcionario explicó que el Presidente utilizará la facultad constitucional de veto para impedir la promulgación de leyes que, a juicio del Ejecutivo, comprometan las metas de reducción del déficit.

La administración libertaria descarta la posibilidad de una cumbre informal con gobernadores en La Rural, pese a las especulaciones sobre un posible acercamiento. En cambio, el Gobierno apuesta a negociar individualmente con los mandatarios provinciales, buscando acuerdos que permitan sostener el veto en la Cámara de Diputados. Francos reconoció que "hay gobernadores que quieren acordar con nosotros", aunque no ofreció detalles concretos sobre posibles alianzas.

El escenario parlamentario es complejo: si la oposición logra reunir los dos tercios necesarios en Diputados y Senado, el veto presidencial podría ser rechazado y las leyes promulgadas automáticamente. Sin embargo, el oficialismo confía en su capacidad para evitar que la oposición alcance ese número, recurriendo a negociaciones y concesiones presupuestarias.

Las diferencias entre los gobernadores son notorias. Algunos, como el cordobés Martín Llaryora, han buscado acuerdos con el Gobierno, mientras otros se mantienen firmes en la oposición. La relación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales está marcada por la desconfianza y la falta de garantías sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos.

En paralelo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sugirió no vetar el proyecto de redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional, pero la postura oficial fue desestimada. Milei, por su parte, ha mantenido un tono confrontativo, calificando al Congreso como "nido de ratas" y apostando a fortalecer su espacio político de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El desenlace de este conflicto institucional dependerá de la capacidad del Gobierno para sostener el veto y de las negociaciones con los gobernadores, en un clima marcado por la incertidumbre y la polarización política.