Fabio Dante Cattani, contratista de 56 años, permanece en coma en la Unidad de Terapia Intensiva de Alta Complejidad del Hospital Zonal de Caleta Olivia tras ser víctima de una brutal golpiza el pasado 11 de agosto en Puerto Deseado, Santa Cruz. El ataque, perpetrado por una patota de entre 30 y 40 personas vinculadas a la UOCRA, ocurrió en una obra del Sindicato de Judiciales y fue presenciado por personal policial que no intervino para detener la violencia.

Según la denuncia presentada por la esposa de Cattani, Sonia Montes, y confirmada por varios testigos, el secretario gremial de la UOCRA, Franco Moreyra, habría dado la orden de atacar al contratista. Los agresores golpearon a Cattani con puños y patadas, incluso cuando ya se encontraba en el suelo, y le sustrajeron una pistola y su teléfono celular. El parte médico indica que Cattani sufrió la extirpación del bazo, ocho fracturas costales, lesiones pulmonares y testiculares, y se encuentra entubado con pronóstico reservado.

La investigación judicial avanza lentamente. La jueza subrogante Jésica Hernández se excusó de la causa por tener un vínculo familiar con uno de los acusados, y la conjueza Nancy Piutrinllar asumió el expediente. A pesar de que los agresores fueron identificados, hasta el momento no se han registrado detenciones ni medidas concretas. Familiares y allegados denuncian la falta de acción judicial y policial, mientras la UOCRA emitió un comunicado repudiando la violencia y solicitando el esclarecimiento del hecho.

El conflicto entre Cattani y la UOCRA tiene antecedentes de disputas por obras y enfrentamientos previos. Franco Moreyra, señalado como instigador, negó toda responsabilidad y acusó a Cattani de incumplir una orden de restricción. Agrupaciones sindicales y sociales se solidarizaron con la víctima y exigieron avances en la investigación. El caso, que ha generado conmoción en la región, pone en evidencia la tensión sindical y la falta de respuestas institucionales ante hechos de violencia extrema. La familia de Cattani reclama justicia y garantías de protección, mientras la comunidad espera que la causa avance y se sancione a los responsables.