La provincia de Córdoba se vio sacudida este viernes tras la detención del jefe de la Policía Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a extorsionar, coaccionar y negociar de manera irregular con inmuebles. Junto a Ochoa Roldán, fueron arrestados otros altos mandos policiales, su hermano abogado y civiles, en el marco de una investigación que apunta a la utilización de información confidencial y recursos de la fuerza para cometer delitos.

El operativo, encabezado por el fiscal Guillermo González, incluyó once allanamientos en distintas localidades de la provincia, donde se incautaron computadoras, armas, dinero y documentación relevante. Según la investigación, la banda ofrecía "soluciones" rápidas a personas con conflictos judiciales sobre inmuebles, cobrando entre el 20% y el 30% del valor de las propiedades a cambio de gestiones ilegítimas, como desalojos exprés o reducción de penas.

El fiscal González explicó que los acusados, muchos de ellos abogados y con cargos jerárquicos, aprovecharon su posición y conocimiento de la ley para montar el esquema delictivo. “Este es el perfil típico del estafador: un seductor, una persona que engaña a la víctima y utiliza su vulnerabilidad”, señaló. La causa está vinculada a investigaciones previas sobre estafas y usurpaciones en la región.

El escándalo generó fuertes reacciones políticas. El senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo exigieron la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y denunciaron una corrupción estructural en la fuerza. Quinteros, por su parte, descartó dejar el cargo y aseguró contar con el respaldo del gobernador Martín Llaryora. “Jamás se me cruzó renunciar, el gobernador me dijo ‘andá a fondo’”, afirmó en declaraciones a la prensa.

El caso se suma a otros episodios recientes de corrupción en la policía y el sistema penitenciario cordobés, lo que ha intensificado el debate sobre la transparencia y la depuración de las fuerzas de seguridad en la provincia. La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones ni imputaciones, mientras la cantidad de víctimas aún no ha sido determinada.