La jueza Loretta Preska, del tribunal de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar mensajes de WhatsApp y correos electrónicos de los actuales y exministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa, en el marco del juicio internacional por la expropiación de YPF. La medida, que también alcanza a otros funcionarios de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández, busca obtener pruebas que permitan avanzar en el embargo de activos argentinos, bajo el argumento de que YPF y otras empresas estatales funcionan como una extensión del Estado.

La orden judicial incluye la entrega de comunicaciones personales y oficiales, así como información del Banco Central, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación y ENARSA. El proceso, conocido como "discovery", es clave para que los demandantes, encabezados por los fondos Burford Capital y Eton Park, intenten demostrar la falta de independencia operativa y legal de estas empresas respecto del Estado argentino.

El Gobierno argentino rechazó la medida, calificándola de violación a la soberanía nacional y abuso del proceso judicial. "La medida de discovery ordenada por el tribunal de Nueva York viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía argentina y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República", señalaron fuentes oficiales. Además, destacaron que ya se entregaron más de 100.000 páginas de documentos a los demandantes, incluidos datos financieros en Estados Unidos, Argentina y otros países.

La defensa argentina evalúa apelar la orden y continuar ejerciendo su derecho de legítima defensa. En paralelo, la Corte de Apelaciones debe decidir si suspende la orden de Preska, mientras el caso central por la expropiación de YPF sigue en instancia de apelación. El Gobierno de Estados Unidos respaldó la posición argentina ante la Cámara de Apelaciones, solicitando preservar la inmunidad soberana y evitar conflictos internacionales.

El caso YPF se remonta a la expropiación de la petrolera en 2012, que derivó en una condena a la Argentina por más de USD 16.000 millones. Los demandantes buscan embargar activos soberanos, argumentando que empresas como YPF, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación son "alter ego" del Estado. La resolución de la Corte de Apelaciones será clave para el futuro del litigio y las finanzas públicas argentinas.