En un hecho sin precedentes recientes, los 24 gobernadores de la Argentina, incluyendo aliados y opositores al gobierno nacional, se unieron para exigir una distribución más equitativa y automática de los fondos coparticipables y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La crisis financiera que atraviesan las provincias, marcada por una fuerte caída en la recaudación y recortes en las transferencias nacionales, motivó la elaboración de un proyecto de ley que busca eliminar fondos fiduciarios y modificar el reparto de impuestos clave, como el de los combustibles líquidos.

Las reuniones, realizadas en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), contaron con la presencia de mandatarios de todos los signos políticos. Allí, los gobernadores manifestaron su preocupación por la falta de respuestas concretas del Ejecutivo nacional y la creciente dificultad para afrontar gastos corrientes y salariales. “Todos estamos peor que antes”, resumió uno de los participantes, mientras que otro advirtió: “Algunos no podemos pagar los sueldos, y otros ven cómo se les van los ahorros”.

El Gobierno, por su parte, defendió la retención de fondos como una medida necesaria para garantizar el equilibrio fiscal y ofreció transferir la Dirección de Vialidad Nacional a las provincias, pero sin los recursos asociados, propuesta que fue rechazada por los mandatarios. Ante la falta de avances, los gobernadores sumaron a senadores opositores y preparan la presentación del proyecto en el Congreso, donde cuentan con respaldo suficiente para desafiar un eventual veto presidencial.

El monto reclamado por las provincias supera el billón de pesos, cifra que, según denuncian, fue retenida por la Nación en el último año. El uso discrecional de los ATN y la paralización de la obra pública nacional son prácticas históricas, pero se han acentuado bajo la actual gestión. El conflicto revive tensiones previas, como la disputa por la coparticipación con Chubut y la eliminación de fondos fiduciarios.

La Casa Rosada, a través del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, advirtió que vetará cualquier ley que afecte el ajuste fiscal. Sin embargo, los gobernadores y sus legisladores anticipan que buscarán blindar el proyecto ante un posible veto. El desenlace de este conflicto podría tener profundas implicancias para la gobernabilidad y la estabilidad política y económica del país en los próximos meses.