Un vuelo privado procedente de Miami, operado por la empresa Royal Class y propiedad de Leonardo Scatturice, aterrizó el 26 de febrero de 2025 en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires con 10 valijas a bordo. Según una investigación judicial en curso, solo cinco de estos bultos fueron declarados ante la Aduana, y las imágenes de seguridad muestran que el equipaje no pasó por los controles habituales de escáneres ni fue sometido a revisión, lo que ha desatado sospechas de contrabando y posible connivencia de funcionarios estatales.

El caso involucra a Laura Belén Arrieta, gerente de operaciones corporativas de OCP TECH y representante de la CPAC, junto a los tripulantes José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. El avión permaneció en suelo argentino hasta el 5 de marzo, cuando partió hacia París con la misma tripulación. Durante ese período, la aeronave estuvo en un hangar privado sin monitoreo continuo, y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no registró oficialmente el vuelo.

El dictamen judicial, de 60 páginas, detalla que el personal aduanero desvió deliberadamente a los pasajeros y su equipaje del control habitual, a pesar de que el área no presentaba congestión. Además, se detectaron inconsistencias en los registros migratorios: aunque se declaró que el vuelo provenía de Fort Lauderdale, en realidad partió de Opa-locka, ambas en Miami. A la salida, el destino declarado fue nuevamente Fort Lauderdale, pero el avión voló a París, con escala en Tenerife Sur, España.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó cualquier irregularidad y aseguró que "el avión recibió todos los controles de rutina". Sin embargo, el dictamen judicial y las imágenes difundidas por medios como TN y Perfil contradicen la versión oficial, señalando un trato diferencial y facilidades injustificadas para el grupo de pasajeros.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el Ministerio Público Fiscal continúan recabando pruebas, incluyendo la identificación de funcionarios aduaneros y la ampliación de declaraciones de los involucrados. El caso, que involucra a figuras cercanas al Gobierno y se produce en un contexto de tensión política, podría tener implicancias significativas en la relación entre el Ejecutivo y los organismos de control.