El caso por el asesinato de Gabriela Pérez, ocurrido en septiembre de 2023 durante un acto sindical en el barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba, fue elevado a juicio oral tras el dictamen de la fiscal Silvana Fernández. El principal acusado es Gustavo Herrera, hermano de la víctima, junto a Adrián Vallejos, señalado como presunto cómplice. Un tercer sospechoso, Luis Mendoza, permanece prófugo.

El crimen se produjo en el marco de una reunión del Sindicato Obreros y Empleados de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), donde se discutían las futuras elecciones gremiales. En medio del discurso de un delegado, una persona encapuchada abrió fuego, impactando a Gabriela Pérez con un disparo en el cuello. La joven falleció horas después en el hospital, tras ser sometida a una cirugía de urgencia.

La investigación judicial sostiene que el ataque está vinculado a una disputa de poder entre los gremios Soelsac y Surrbac, ambos con fuerte presencia política y territorial en Córdoba. Según la fiscalía, los disparos habrían estado dirigidos a personas allegadas al gremialista Nicolás Fitipaldi, en medio de una escalada de violencia entre facciones sindicales y barras bravas. "Nos encontramos ante un entramado de relaciones y disputas de poder y dinero atravesado por negocios vinculados con el narcotráfico, gremios y barras bravas", señaló la fiscal Fernández al elevar la causa a juicio.

La familia de Herrera sostiene su inocencia y cuestiona la investigación. Liliana, madre de Gabriela y Gustavo, expresó: "Mi hijo tendría que quedar en libertad antes del juicio porque es inocente". La defensa anticipó que apelará la decisión, argumentando que los peritajes no coinciden con la fisonomía del acusado y que no existen pruebas concretas de un supuesto pago para ejecutar el ataque.

El caso ha expuesto una compleja red de intereses entre sindicatos, barras de fútbol y presuntos vínculos con el narcotráfico, generando preocupación por la violencia en el ámbito gremial. La fiscalía continúa investigando la autoría intelectual del crimen y mantiene abiertas causas paralelas, mientras la familia de la víctima reclama justicia y el abogado querellante exige el máximo castigo para los responsables. El juicio oral será clave para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades en un caso que ha conmocionado a la sociedad cordobesa.