En Mendoza, la coyuntura política y económica fue tema central en una tradicional reunión de amigos, donde se abordaron las principales preocupaciones de la provincia. Uno de los temas más sensibles fue la posible imposición de cupos o medidas antidumping por parte de Brasil al ajo mendocino, que representa el 70% de las exportaciones del sector y cerca de 100 millones de dólares anuales. Productores y empresarios advierten que una restricción de este tipo tendría un fuerte impacto en la economía local y en el empleo, generando inquietud en toda la cadena productiva.

En el plano político, la reciente polémica por la concesión de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios de La Libertad Avanza generó críticas sobre el uso de recursos públicos y la ética en la gestión. Aunque desde el banco se aseguró que no hubo irregularidades, el episodio derivó en el despido de un funcionario y reavivó el debate sobre la transparencia y el acceso a beneficios estatales.

Otro eje de discusión fue la enmienda constitucional enviada por el Gobierno a la Legislatura, que busca ordenar el proceso de autonomía municipal tras las controversias surgidas en San Rafael. El texto, elaborado por referentes políticos y constitucionalistas, pretende dar un marco legal claro a los municipios que deseen avanzar con sus propias cartas orgánicas.

En la Legislatura, persiste la disputa por la banca vacía de Janina, suspendida pero no excluida, lo que impide el ingreso de su suplente del PRO. El argumento oficial es la falta de un hecho nuevo que justifique la exclusión, aunque la oposición sostiene que la Constitución permite la remoción por razones políticas.

Mientras tanto, el escenario político mendocino se mueve de cara a las elecciones de 2027, con figuras emergentes y estrategias internas en los principales espacios. La situación refleja tanto la complejidad de la gestión pública como las tensiones propias de un año preelectoral, en un contexto de desafíos económicos y sociales para la provincia.