Natalia Foresio, contadora de La Plata, continuará detenida tras el rechazo de su pedido de prisión domiciliaria por parte del juez federal Ernesto Kreplak. La profesional está acusada de liderar una red de facturación falsa que habría evadido más de $40 mil millones entre 2020 y 2024.

El magistrado argumentó que existen riesgos procesales significativos, como la posibilidad de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Durante los allanamientos realizados en el marco de la causa, se encontraron sumas millonarias en diversas monedas, documentos contables y archivos digitales que complican aún más la situación legal de Foresio.

La defensa de la contadora había fundamentado su solicitud en el delicado estado de salud de su esposo, Luis Mauricio Cortazzo, quien padece hipoacusia severa y trastornos cognitivos. Sin embargo, el juez desestimó este argumento, señalando que los hijos mayores de la pareja pueden asumir las tareas de cuidado. Además, destacó que ambos están procesados por los mismos delitos, lo que desaconseja la cohabitación en el marco de una causa de tal magnitud.

La investigación judicial apunta a un esquema delictivo sofisticado que impactó impuestos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, afectando la administración pública. Empresas del rubro de la construcción habrían utilizado facturas falsas para inflar costos en licitaciones, lo que podría constituir una defraudación al Estado.

El caso tiene ramificaciones en varias ciudades argentinas, incluyendo Mar del Plata, Córdoba y Buenos Aires, y no se descarta la participación de otros integrantes en la logística y coordinación de las actividades delictivas. Más de 140 personas físicas y jurídicas están bajo la lupa de la Justicia.

La fiscalía subrayó la gravedad de los delitos y la capacidad de Foresio para influir en la investigación, ya sea mediante la manipulación de pruebas o la presión sobre testigos. Por ello, el juez Kreplak decidió mantener la prisión preventiva de la acusada.

El caso de Natalia Foresio expone las debilidades del sistema fiscal argentino y plantea interrogantes sobre la eficacia del control estatal. Se espera que la causa tenga nuevas ramificaciones y posibles imputados adicionales en los próximos meses.