El Gobierno nacional oficializó este 7 de agosto de 2025 la disolución de varios organismos descentralizados y la transformación de otros en unidades organizativas dependientes de ministerios, en el marco de un proceso de reestructuración estatal orientado a reducir el gasto público y centralizar funciones. La medida, publicada en el Boletín Oficial, afecta a la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE), que serán disueltos. Sus competencias serán reasignadas principalmente al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud, a través de sus respectivas secretarías y organismos técnicos.

Asimismo, el decreto transforma al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) en unidades organizativas dependientes de secretarías ministeriales, aunque mantendrán sus denominaciones para preservar su reconocimiento internacional y sectorial. El personal de los organismos afectados conservará sus cargos hasta que se complete la adecuación de las nuevas estructuras.

El texto oficial argumenta que la sobredimensión jerárquica y funcional de estos organismos, sumada a la duplicación de competencias y la falta de impacto efectivo en políticas públicas, justifican la reorganización. Informes de la Sindicatura General de la Nación y de los ministerios involucrados señalan deficiencias administrativas, falta de control y una estructura de costos considerada excesiva para el Estado.

El Gobierno sostiene que la medida no afectará la continuidad de las funciones esenciales ni los compromisos internacionales asumidos por el país, y que busca garantizar una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al interés general. Se prevé que la decisión genere debate en el Congreso y reacciones de los sectores afectados, especialmente en el ámbito agrícola, industrial y de la salud, donde estos organismos tenían un rol relevante. El decreto forma parte de la emergencia pública declarada por la Ley 27.742, que habilitó al Poder Ejecutivo a adoptar medidas excepcionales para reorganizar la administración pública nacional.