Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, negó de manera categórica cualquier tipo de acuerdo o negociación para favorecer a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, en el marco de la investigación judicial por presunta evasión y apropiación indebida de aportes previsionales e impositivos. La funcionaria utilizó su cuenta de X para responder a las declaraciones del abogado Gregorio Dalbón, quien había sugerido que la causa era de índole política y que podría resolverse con la intervención de Karina Milei.

“Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin”, expresó Milei en su mensaje, marcando distancia de cualquier intento de injerencia política en el proceso judicial. La respuesta se produjo luego de que Dalbón, abogado vinculado a la AFA, afirmara que el Gobierno buscaba quedarse con el control de la entidad y que la situación se resolvería políticamente, no jurídicamente.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, respaldó la postura de Milei y enfatizó que el debido proceso y la independencia judicial están garantizados por la Constitución y tratados internacionales. “Este gobierno respeta estrictamente esos principios institucionales y ha puesto, y seguirá poniendo, toda la información necesaria a disposición de la Justicia para colaborar con las investigaciones”, afirmó Mahiques.

La causa, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), investiga una presunta retención indebida de aportes y evasión impositiva por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025. Toviggino y Tapia, principales dirigentes de la AFA, fueron citados a declarar y tienen prohibición de salida del país. Ambos presentaron escritos ante el juez Diego Amarante y evitaron responder preguntas durante las audiencias.

Además de esta causa, la AFA enfrenta otras investigaciones por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta. Dirigentes de la entidad sostienen que la deuda ya fue saldada y niegan la existencia de delitos, mientras que la Justicia continúa con el proceso para determinar responsabilidades. El caso ha generado un fuerte cruce de declaraciones y ha puesto en el centro del debate la relación entre el poder político y el fútbol argentino, en un contexto de alta sensibilidad institucional.