El presidente Javier Milei anunció esta semana que el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para implementar un mecanismo de "shutdown" estatal, inspirado en el modelo estadounidense, que suspendería funciones de la administración pública si se agota el presupuesto. La iniciativa, que busca blindar el superávit fiscal, se sumaría a otras reformas como la modificación de la carta orgánica del Banco Central y penas para la emisión monetaria.

Según fuentes oficiales, el shutdown argentino sería una adaptación local del mecanismo estadounidense, donde el cierre del Estado se activa cuando el Congreso no aprueba el presupuesto. "Nuestro objetivo es que aquí el instrumento sirva para impedir a toda costa que haya déficit, que es el gran problema de la Argentina", señalaron desde el oficialismo. Milei explicó en una entrevista que "cuando se agota el Presupuesto, automáticamente se apaga el Estado; no puede operar más hasta que tenga una ampliación".

El proyecto prevé exceptuar del shutdown a jubilaciones, programas sociales, pagos de deuda y gastos en seguridad y defensa, considerados esenciales. Además, se contempla un proceso previo en el que el Congreso podría definir qué partidas reducir antes de activar el cierre.

Especialistas como Guido Rangugni, presidente de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP), advirtieron que el shutdown estadounidense no se aplica cuando se agota el presupuesto, sino ante la falta de aprobación de una ley. "En Argentina rige un mecanismo de prórroga del presupuesto, que permite continuar con el del año anterior hasta que haya acuerdo legislativo", explicó Rangugni. Además, señaló que todos los gastos están incluidos en el presupuesto, a diferencia de EE.UU., donde existen gastos obligatorios que se mantienen aún durante el shutdown.

El debate sobre el shutdown se da en un contexto de reformas impulsadas por el Gobierno, muchas de ellas inspiradas en modelos y términos importados de Estados Unidos. Sectores críticos advierten que esta agenda puede tener impacto en la identidad nacional y la soberanía institucional. Por el momento, el texto definitivo del proyecto no está cerrado y no hay fecha definida para su envío al Congreso, aunque en la Casa Rosada confían en que la actual composición legislativa facilitará su tratamiento.

El mecanismo propuesto genera interrogantes sobre su viabilidad legal y su impacto en los servicios públicos, en un país donde la prórroga presupuestaria ha sido la norma en los últimos años. El debate continuará en el Congreso y en la sociedad, en medio de una agenda de reformas que busca transformar el funcionamiento del Estado argentino.