Un edificio de 22 pisos ubicado en Villa Lugano, Buenos Aires, enfrentó una crisis que afectó a las 136 familias que lo habitan. Desde el 26 de marzo, los cuatro ascensores del complejo fueron clausurados por falta de mantenimiento, lo que obligó a los residentes a usar las escaleras durante 34 días. La situación fue especialmente crítica para personas con discapacidades, adultos mayores y familias con niños pequeños.

El conflicto no se limitó a la clausura de los ascensores. La administradora del consorcio, identificada como P.P., se negó a rendir cuentas sobre los gastos del edificio, lo que generó una doble administración y caos en la gestión. En enero de 2025, P.P. prometió renunciar y entregar la documentación necesaria, pero no cumplió, exacerbando las tensiones entre los vecinos.

La crisis alcanzó su punto máximo en marzo, cuando los residentes comenzaron a organizarse para solicitar intervención judicial. El Juzgado Nacional en lo Civil N.º 1, liderado por el juez Gustavo Caramelo, convocó a una Asamblea Judicial en el palier del edificio el 13 de mayo. La decisión de realizar la asamblea en el lugar, en lugar de en el juzgado, permitió una mayor participación de los vecinos.

Durante la asamblea, se verificaron los documentos de los residentes para garantizar su derecho a voto. La votación resultó en la elección de una nueva administración y un Consejo de Administración compuesto por nueve copropietarios. Según el juez Caramelo, la intervención judicial no solo resolvió el conflicto administrativo, sino que también restauró la convivencia y la confianza en el sistema judicial.

Los vecinos celebraron la resolución como un "momento histórico". Natalí Navarro, una de las residentes afectadas, expresó su alivio al recuperar el control sobre su vida cotidiana. "Sentí que por fin llegó la Justicia. Esa noche, después de mucho tiempo, pude dormir en paz", afirmó.

El juez Caramelo destacó la importancia de garantizar acceso a la justicia y reconoció el impacto positivo de la intervención. "Con mi equipo volvimos convencidos de haber contribuido, en algún grado, al restablecimiento de reglas básicas para el ejercicio de la vida democrática de esa comunidad", señaló.

La Asamblea Judicial marcó un antes y un después para el edificio, ofreciendo una solución concreta a años de conflicto y demostrando cómo la justicia puede intervenir eficazmente en problemas comunitarios. Para los residentes, la experiencia fue un ejemplo de cómo el sistema judicial puede ser una herramienta para mejorar la calidad de vida.