Durante más de veinte años, el vínculo agroindustrial entre Argentina y Venezuela estuvo marcado por acuerdos bilaterales, promesas incumplidas y denuncias de corrupción. El Fideicomiso Bilateral, firmado en 2004 por Néstor Kirchner y Hugo Chávez, permitió que Venezuela vendiera fueloil a Argentina, generando créditos que se usaban para comprar bienes y servicios argentinos, especialmente del sector agropecuario. Sin embargo, el mecanismo operó fuera de los canales tradicionales de comercio exterior y terminó envuelto en polémicas por sobreprecios, discrecionalidad en la asignación de contratos y deudas impagas.

Según estimaciones de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), por el fideicomiso circularon más de 2.000 millones de dólares, con sobreprecios de hasta el 90% en productos como leche en polvo, arroz y maquinaria agrícola. Proyectos emblemáticos, como la exportación de ganado bovino y maquinaria agrícola, fracasaron o tuvieron un impacto mínimo en la producción venezolana. Muchas de las vaquillonas exportadas murieron o fueron faenadas, y los equipos agrícolas quedaron varados o sin uso efectivo.

Empresas argentinas como SanCor y Agrinar resultaron especialmente afectadas. SanCor recibió un préstamo de 80 millones de dólares de Venezuela para evitar su venta, pero el país caribeño incumplió los pagos, generando una deuda de 18 millones de dólares por leche en polvo enviada y no cobrada. Además, surgieron denuncias de coimas del 15 al 20% para acceder a contratos, y la aparición de empresas fantasma que exportaban productos a precios inflados.

El ex embajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, denunció la existencia de una "embajada paralela" y la intervención de intermediarios políticos en los negocios. Las investigaciones judiciales por corrupción y lavado de dinero avanzaron en Argentina y Estados Unidos, aunque pocas llegaron a condenas firmes. A pesar de las denuncias y la crisis venezolana, el gobierno de Alberto Fernández intentó reactivar el mecanismo en 2022, sin resultados concretos. El caso sigue siendo un ejemplo de los riesgos de acuerdos bilaterales opacos y de las consecuencias para empresas y sectores productivos argentinos.