La investigación interna de Gendarmería Nacional sobre el disparo que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo frente al Congreso fue cerrada en tiempo récord y sin sanciones para el cabo Héctor Guerrero, autor del disparo. El sumario administrativo, concluido en apenas una semana y reabierto brevemente en abril, atribuyó el hecho a la "mala visibilidad" y a la supuesta imprudencia de la víctima por ubicarse "en la línea de tiro", eximiendo de responsabilidad disciplinaria a Guerrero y a sus superiores.

Según los documentos incautados en un allanamiento judicial, la investigación interna solo tomó declaraciones a personal de la fuerza, sin incluir a testigos civiles ni a la víctima. El informe oficial sostiene que la granada lanzada por Guerrero rebotó antes de impactar en la cabeza de Grillo, calificando el hecho como "fortuito". Familiares de Grillo y organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) denunciaron que la investigación fue una formalidad destinada a encubrir a los efectivos y garantizar la impunidad.

El expediente fue reabierto en abril tras requerimientos judiciales, pero volvió a cerrarse con las mismas conclusiones, permitiendo que Guerrero continúe en funciones y sin haber sido citado a indagatoria en la causa penal. El padre de Grillo y los abogados querellantes calificaron el informe de "falaz" y señalaron que el uso de armas lanzagases en forma horizontal está prohibido por los propios manuales de la fuerza. Además, destacaron que casos similares han mostrado patrones de encubrimiento en investigaciones internas de fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, se espera que la justicia avance con una reconstrucción judicial de los hechos y peritajes independientes, en un contexto de creciente reclamo por una investigación seria y transparente. Familiares y organismos de derechos humanos insisten en la necesidad de esclarecer lo ocurrido y atribuir responsabilidades, mientras Gendarmería sostiene que se actuó conforme a los protocolos vigentes y que no hubo intención de dañar a los manifestantes.