El Congreso argentino envió al Poder Ejecutivo dos leyes de alto impacto social: la de emergencia sanitaria en salud pediátrica, impulsada por los reclamos del Hospital Garrahan, y la de Financiamiento Universitario, ambas aprobadas con amplio consenso en el Senado. El presidente Javier Milei dispone de diez días hábiles, hasta el 11 de septiembre, para decidir si promulga o veta ambas iniciativas, en un contexto de fuerte presión política y social.

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, mientras que la ley de emergencia en salud pediátrica recibió 62 votos afirmativos y 8 negativos, reflejando un respaldo bipartidista. Sin embargo, el Ejecutivo ya manifestó su intención de vetar ambas leyes, argumentando la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, eje central de la gestión de Milei.

La ley de emergencia pediátrica, que tendría vigencia de un año, busca asignar recursos prioritarios al Hospital Garrahan, recomponer salarios del personal de salud y revertir cambios en el sistema de residencias médicas. El Garrahan, institución emblemática de la salud pública argentina, enfrenta una crisis por la pérdida de personal y la precarización laboral, con médicos que han visto reducido su poder adquisitivo en más del 50% desde 2023. Encuestas recientes muestran que el 94,6% de la población apoya los reclamos del hospital, mientras que la imagen pública de Milei ha caído notablemente.

Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario exige la reapertura de paritarias, fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico, y la creación de una caja de $10.000 millones actualizable por IPC para incentivar carreras estratégicas. Las universidades públicas, que ya se declararon en emergencia presupuestaria y salarial, advierten sobre el vaciamiento del sistema y la urgencia de una solución estructural.

El Consejo Superior de la UBA solicitó formalmente al presidente que no vete las leyes y pidió al Congreso insistir en su sanción definitiva en caso de veto. El Gobierno, por su parte, analiza acompañar el posible veto con anuncios para mitigar el impacto, especialmente en el área de salud pediátrica, aunque la decisión final aún está pendiente.

El debate se da en un contexto de tensión política, con la oposición avanzando en agendas legislativas y el oficialismo defendiendo la austeridad fiscal. Analistas advierten que el veto podría tener un costo político para Milei, especialmente de cara a las próximas elecciones de medio término. Mientras tanto, sectores universitarios y de salud preparan movilizaciones y acciones para exigir la promulgación de las leyes y garantizar el funcionamiento de servicios esenciales.