El pastor evangélico Dante Reynaldo Gómez fue condenado a 15 años de prisión por el abuso sexual de dos menores en la ciudad de El Carmen, provincia de Jujuy. El fallo, dictado por el Tribunal con Función de Juicio, se conoció tras una investigación que comenzó en 2023, cuando las víctimas, entonces adolescentes, formalizaron las denuncias por hechos ocurridos en 2014.

Según la sentencia, Gómez aprovechó su posición como líder religioso en la iglesia "Asamblea de Dios Jesús es la Roca" para ganarse la confianza de las menores y perpetrar los abusos en lugares apartados, valiéndose de engaños y amenazas. El tribunal, integrado por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas, Alejandro Gloss y Luis Kamada, consideró probados los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y abuso sexual simple agravado, ambos cometidos por un ministro de culto reconocido.

Durante el proceso judicial, se incorporaron pruebas como entrevistas en Cámara Gesell, pericias psicológicas y testimonios, que resultaron determinantes para acreditar los hechos. La abogada querellante, Sara Cabezas, destacó que la condena representa un mensaje claro para la sociedad y para otras víctimas de abuso sexual, subrayando que "las víctimas no denuncian cuando quieren, sino cuando pueden".

A pesar de la gravedad de los delitos, el tribunal resolvió, por mayoría, que Gómez permanezca en libertad hasta que la sentencia quede firme, aunque bajo estrictas medidas restrictivas: no podrá acercarse a las víctimas ni ejercer actos de violencia o perturbación, y deberá cumplir reglas de conducta y presentarse periódicamente ante las autoridades.

La sentencia también ordena la obtención del perfil genético del condenado para su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual. El caso ha generado un intenso debate en la comunidad sobre la protección de menores y la responsabilidad de las instituciones religiosas, así como la importancia de acompañar y contener a las víctimas para que puedan denunciar.

La fiscalía y la querella consideraron la condena como un avance en la lucha contra la impunidad, mientras que la defensa aún puede apelar el fallo. El proceso y su resolución son vistos como un precedente relevante en la provincia de Jujuy y en el país.