La reciente detención de siete militantes peronistas, acusados de participar en un escrache contra la vivienda del diputado nacional José Luis Espert en San Isidro, desató una fuerte controversia política. Cristina Fernández de Kirchner, desde su prisión domiciliaria, reclamó públicamente la liberación de los detenidos y cuestionó la postura del presidente Javier Milei, a quien acusó de hipocresía por haber celebrado en el pasado protestas similares en Francia.

El episodio que originó la causa ocurrió el 17 de junio, cuando un grupo de personas encapuchadas arrojó bolsas de estiércol y colgó pancartas con insultos en la casa de Espert. Las cámaras municipales permitieron identificar los vehículos utilizados, lo que derivó en una serie de allanamientos y detenciones en Quilmes y otras localidades. Entre los arrestados se encuentran la concejala Eva Mieri y la funcionaria Alexia Abaigar, quien recibió prisión domiciliaria por razones de salud.

En un mensaje en la red social X, Cristina Kirchner citó un antiguo tuit de Milei en el que calificaba como "hermosa iniciativa" la protesta de los "chalecos amarillos" en Francia, quienes arrojaron estiércol frente a oficinas públicas. "Che Milei… Libertario de los ricos… Fijate hermano y borrá el posteo… porque con los manuales de procedimiento de Bullrich y Arroyo Salgado, te van a meter en cana por apología del delito", escribió la exmandataria, cerrando con la consigna: "Liberen al pibe y a las pibas, cachivaches!"

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado rechazó los pedidos de excarcelación para la mayoría de los imputados, argumentando la gravedad del hecho, aunque concedió prisión domiciliaria a Abaigar. El gobierno, por su parte, defendió la actuación judicial y policial, mientras que la oposición denunció una "deriva autoritaria" y el uso de la justicia para reprimir la protesta social.

El caso reavivó el debate sobre los límites de la protesta y la respuesta estatal, en un contexto de creciente polarización política en Argentina. Las implicancias futuras podrían incluir nuevas discusiones sobre la criminalización de la protesta y el rol de la justicia en conflictos políticos.