El Gobierno argentino expresó su más enérgico rechazo a la reciente autorización del Reino Unido para la explotación petrolera en el yacimiento Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La decisión, anunciada el 11 de diciembre de 2025 por las empresas Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de origen israelí, prevé una inversión inicial de 1.170 millones de dólares y la extracción de hasta 1.700 millones de barriles de petróleo en la zona.

Según comunicados oficiales, la Cancillería argentina calificó la medida como "unilateral e ilegítima", recordando que la explotación de recursos naturales en áreas bajo disputa de soberanía contraviene resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular la 2065 (XX) y la 31/49, que instan a las partes a abstenerse de modificar la situación mientras continúan las negociaciones. "La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida 'Decisión Final de Inversión' anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina", señala el comunicado.

El gobierno fueguino también manifestó su oposición, calificando la acción como un "saqueo material" de recursos argentinos y exigiendo la activación de sanciones penales y administrativas. Las autoridades nacionales advirtieron que quienes participen en el proyecto podrían enfrentar sanciones, restricciones operativas e inhabilitaciones, tanto en jurisdicciones nacionales como internacionales.

El proyecto Sea Lion, descubierto en 2010, se encuentra a 220 kilómetros al norte del archipiélago y podría aportar hasta 10.000 millones de dólares al PBI de las islas, además de generar 3.750 millones en ingresos fiscales. Para el Reino Unido y las empresas involucradas, la explotación representa un hito económico para las Malvinas, mientras que para Argentina constituye una violación de su soberanía y un acto de consecuencias potencialmente irreversibles.

El contexto de la disputa incluye recientes acercamientos diplomáticos de Argentina con el Reino Unido e Israel, lo que añade complejidad a la situación. La Cancillería reiteró que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para habilitar actividades hidrocarburíferas en la zona y se reserva el derecho de ejercer todas las acciones legales y diplomáticas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos.