El Gobierno argentino impulsa una reforma laboral que ha generado un intenso debate en el país. Inspirada en la reforma brasileña de 2017, la propuesta busca flexibilizar las relaciones laborales con el objetivo de dinamizar el empleo y modernizar la normativa vigente. Sin embargo, la experiencia brasileña es citada por críticos como un ejemplo de fracaso, ya que no logró crear los seis millones de empleos prometidos y terminó con una destrucción neta de puestos de trabajo, según datos oficiales y análisis de expertos.

En contraste, la reforma laboral implementada en España en 2021 priorizó la estabilidad laboral y la negociación colectiva sectorial, logrando reducir la temporalidad y aumentar la contratación formal. Organismos internacionales como el FMI y la OCDE validaron los resultados positivos de la experiencia española, lo que ha llevado a sectores sindicales y analistas a cuestionar la decisión del Gobierno argentino de replicar el modelo brasileño en lugar de considerar alternativas europeas exitosas.

Oscar Silvero, presidente de la Federación Argentina de Empleo, sostiene que la modernización es necesaria, pero advierte que debe contemplar la actualización de derechos, la capacitación continua y la previsibilidad para empleadores y trabajadores. Silvero también señala que la litigiosidad judicial y la falta de reglas claras afectan negativamente la contratación, especialmente en las pymes.

Por su parte, Facundo Moyano, secretario del Sindicato de Peajes, critica el proyecto oficial y advierte sobre el riesgo de mayor informalidad y la falta de responsabilidad de las empresas contratantes en casos de tercerización. Moyano subraya que casi el 50% de los trabajadores argentinos no están registrados y que la reforma podría agravar la precarización laboral.

El INDEC reporta que la informalidad laboral alcanzó el 43,2% en 2025, con una pérdida significativa de empleos formales en el último año. El debate parlamentario de las próximas semanas será determinante para el futuro del mercado laboral argentino, en un contexto de alta preocupación social por el desempleo y la calidad del empleo.

Mientras tanto, el Gobierno defiende la reforma como una herramienta clave para dinamizar el empleo y modernizar la economía, aunque enfrenta una fuerte resistencia de sindicatos, sectores opositores y parte de la sociedad civil. El desenlace del debate legislativo marcará el rumbo de la política laboral argentina en los próximos años.