La Cámara de Diputados de Mendoza debate este miércoles la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación del proyecto minero San Jorge, rebautizado como PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata. El tratamiento legislativo ocurre 14 años después del rechazo inicial del proyecto y en medio de una fuerte controversia técnica, política y social.

El CONICET Mendoza emitió un informe crítico en el que advierte sobre los riesgos que la explotación minera podría acarrear para la cuenca del río Mendoza, señalando que la extracción propuesta podría agravar la sequía y comprometer la disponibilidad de agua. "La mayoría de los estudios de aforos del arroyo El Tigre fueron realizados antes del inicio de la megasequía que afecta a los Andes centrales desde 2010", señala el dictamen, y agrega que los valores actuales de caudal son insuficientes para cubrir la demanda proyectada por la empresa.

El informe también cuestiona la calidad y actualización de los estudios de impacto ambiental, indicando que la información utilizada es insuficiente, desactualizada y, en algunos casos, incorrecta. Además, advierte sobre riesgos para la flora, fauna y el patrimonio arqueológico de la región, incluyendo sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. "El deterioro podría comprometer incluso la integridad de un bien declarado Patrimonio Mundial, cuya protección constituye una obligación legal y ética del Estado", sostiene el documento.

En respuesta a la difusión de un texto crítico no oficial, el CONICET aclaró su postura institucional, afirmando que no se opone a la minería, pero exige que toda actividad productiva sea compatible con la sostenibilidad ambiental y social. "La institución genera y moviliza conocimientos científicos para contribuir a actividades económicas que sean compatibles con la sostenibilidad ambiental y social", expresó el organismo en un comunicado oficial.

El debate legislativo se desarrolla en un clima de tensión, con protestas de organizaciones sociales y ambientalistas en las inmediaciones de la Legislatura. Mientras tanto, la Cámara de Diputados ya aprobó la creación de un Fondo Compensador Ambiental, destinado a financiar acciones de remediación ante daños colectivos, y otros proyectos vinculados a la regulación de regalías mineras.

La votación sobre el proyecto San Jorge refleja divisiones políticas, con el oficialismo y sus aliados a favor, y sectores de la oposición y bloques independientes en contra o divididos. El resultado de este debate podría marcar un precedente para el desarrollo minero en Mendoza y la gestión de los recursos naturales en la provincia.