La Provincia de Buenos Aires ha imputado a Mercado Libre por presuntas prácticas abusivas en sus contratos de adhesión, lo que podría derivar en una multa de hasta $1.815 millones. La Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, detectó más de diez cláusulas que podrían violar la Ley de Defensa del Consumidor. Entre las irregularidades señaladas se encuentran la indeterminación en el cobro de tarifas, la aceptación tácita de modificaciones contractuales y la exoneración de responsabilidad por fallas técnicas.

El gobierno provincial otorgó a la empresa un plazo de cinco días hábiles para presentar un descargo o proponer modificaciones a las cláusulas cuestionadas. En caso de no hacerlo, Mercado Libre podría enfrentar la multa mencionada. Según datos oficiales, la empresa recibió 2.396 denuncias individuales en los primeros cuatro meses de 2026, lo que la convierte en la compañía con más reclamos en la provincia.

Desde Mercado Libre, se rechazaron las acusaciones y se aseguró que la imputación corresponde a una instancia inicial de revisión administrativa, sin implicar sanción inmediata. La empresa destacó que sus términos y condiciones son claros y están alineados con la normativa vigente. Además, subrayó que cuenta con herramientas de protección al usuario y un bajo nivel de reclamos en relación con el volumen de operaciones que procesa diariamente.

Este conflicto se suma a tensiones previas entre Mercado Libre y el gobierno de Axel Kicillof, como la retención de Ingresos Brutos aplicada a billeteras virtuales. En ese momento, la medida fue defendida por el gobierno provincial como una adhesión a un convenio fiscal adoptado por otras provincias.

El caso ha generado reacciones diversas. Mientras el gobierno provincial resalta su compromiso con la defensa de los consumidores, expertos advierten que este tipo de imputaciones podrían sentar precedentes para otras plataformas digitales. Por su parte, usuarios y organizaciones de consumidores esperan que se refuercen las regulaciones para garantizar sus derechos.

En un contexto donde las plataformas digitales juegan un rol cada vez más central en la economía, este caso pone de relieve la importancia de equilibrar los derechos y obligaciones entre empresas y consumidores. Las próximas semanas serán clave para determinar el desenlace de este conflicto y sus posibles implicancias para el sector.