En una jornada marcada por la tensión política, los gobernadores de distintas provincias argentinas presentaron en el Senado dos proyectos de ley destinados a aumentar la transferencia de fondos a las jurisdicciones provinciales. La iniciativa, que busca regular el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, cuenta con el respaldo de todos los bloques opositores y de varios aliados habituales del oficialismo, lo que garantiza una mayoría suficiente para su aprobación tanto en el Senado como en Diputados.

El conflicto se desató tras el fracaso de las negociaciones entre los mandatarios provinciales y el Ministerio de Economía, que cerró el diálogo al considerar que las demandas de las provincias ponían en riesgo el superávit fiscal. Frente a esta situación, los gobernadores decidieron avanzar con la presentación de los proyectos, argumentando que los fondos en cuestión "no son propios" del Gobierno nacional y que la reforma propuesta no afectaría las finanzas públicas.

Uno de los proyectos incorpora a la Ley Permanente de Presupuesto un artículo que garantiza la distribución automática de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, integrándolos a la masa de fondos coparticipables. El otro elimina varios fideicomisos, como los de Infraestructura Hídrica y de Transporte, y redefine el reparto de los recursos generados por el impuesto a los combustibles líquidos: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social.

Según datos oficiales, en el primer semestre de 2025 solo se ejecutó el 20% del fondo de ATN, lo que generó malestar entre los gobernadores. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales, Graciela Aleñá, expresó su preocupación por el impacto de la eliminación de los fideicomisos en los recursos destinados a su sector, advirtiendo sobre posibles consecuencias laborales.

El Gobierno nacional, por su parte, reiteró su rechazo a la iniciativa, insistiendo en que la medida podría comprometer el equilibrio fiscal. Sin embargo, la amplitud del apoyo opositor y de aliados al proyecto podría bloquear un eventual veto presidencial, configurando un escenario de fuerte pulseada política en el Congreso. El debate se da en un contexto de presión adicional sobre la Casa Rosada, que enfrenta otros reclamos legislativos, como el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. El desenlace de esta disputa será clave para el futuro de la relación entre Nación y provincias, así como para la distribución de los recursos públicos en el país.