La Justicia argentina dio un paso histórico al habilitar el primer juicio en ausencia contra los diez principales acusados del atentado a la AMIA, perpetrado en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. El ataque, que dejó 85 muertos y más de 150 heridos, es considerado el mayor acto terrorista en la historia del país. Los imputados, exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah, permanecen prófugos desde hace décadas, protegidos por la negativa de Irán a extraditar a sus ciudadanos.

La decisión fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, quien fundamentó su resolución en la nueva ley de juicio en ausencia, sancionada este año por el Congreso. Esta normativa, impulsada por el gobierno nacional, permite avanzar en procesos penales aun cuando los acusados eluden sistemáticamente a la justicia, especialmente en delitos de terrorismo y lesa humanidad. “El juicio en ausencia, por más limitado que sea, sigue siendo una herramienta que permite intentar conocer la verdad y darles a las víctimas un lugar para expresarse”, argumentó Rafecas en su fallo.

El proceso será oral y público, con la participación de la fiscalía, querellas, defensores oficiales y testigos. La medida fue celebrada por el gobierno y por organizaciones como AMIA y DAIA, que la consideran un avance tras más de 30 años de impunidad. Sin embargo, agrupaciones como Memoria Activa, APEMIA y 18J manifestaron su rechazo, advirtiendo sobre los riesgos para el derecho de defensa y la transparencia judicial. La defensa oficial también se opuso, señalando que la ausencia de los acusados podría afectar las garantías procesales.

El expediente AMIA ha estado marcado por la frustración: en tres décadas, solo 15 de 145 imputados llegaron a juicio oral, y en 2019 varios exfuncionarios judiciales fueron condenados por encubrimiento. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado argentino por la falta de investigación efectiva. El juicio en ausencia, que aún puede ser apelado, busca finalmente dar una respuesta judicial a las víctimas y sus familiares, y representa un giro en la política criminal argentina frente a crímenes de terrorismo internacional. El desarrollo del proceso será seguido de cerca tanto a nivel nacional como internacional, en un contexto de renovadas tensiones diplomáticas con Irán.