El Gobierno nacional avanzó con la tercera etapa del plan de privatización de rutas, sumando más de 2.800 kilómetros a un esquema que ya abarca casi 8.000 kilómetros de la red vial argentina. La medida, oficializada mediante la resolución 924 de Vialidad Nacional, convoca a audiencias públicas entre el 30 de junio y el 7 de julio en Mendoza, Tucumán, Chaco y Entre Ríos, donde se debatirá la licitación de ocho tramos estratégicos bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

El nuevo modelo, previsto en la Ley 17.520 y reactivado por el Decreto 97/2025, implica que la gestión, mantenimiento y financiamiento de las rutas pasen a manos privadas, eliminando los subsidios estatales. Según lo informado, las tarifas de peaje podrían incrementarse hasta un 184% respecto a los valores actuales, impactando especialmente en el transporte de cargas, donde los camiones podrían llegar a pagar más de $2,2 millones mensuales en peajes.

La Dirección Nacional de Vialidad destacó que las audiencias públicas, aunque no vinculantes, permitirán a ciudadanos y organizaciones expresar opiniones y objeciones, las cuales serán consideradas en los informes finales. El tramo cuyano de la Ruta 7, clave para el comercio y el turismo, tendrá su audiencia en Mendoza el 30 de junio, mientras que otros tramos incluyen rutas en el Litoral, Mesopotamia, Centro y Noroeste del país.

El proceso de privatización se produce en un contexto de paralización de la obra pública y presión de gobernadores y empresarios del sector para reactivar inversiones. Mientras el gobierno sostiene que la medida modernizará la infraestructura y mejorará la eficiencia, sectores de usuarios y transportistas advierten sobre el fuerte impacto económico de los nuevos peajes. Organismos internacionales y representantes de la construcción han señalado el riesgo de deterioro de la infraestructura ante la falta de inversión pública sostenida.

El acuerdo entre la Nación y la provincia de Mendoza para descentralizar la gestión de obras y garantizar el control provincial sobre los trabajos es parte de una estrategia más amplia para asegurar la calidad y el mantenimiento de las rutas. El debate sobre el equilibrio entre inversión privada, tarifas y control estatal sigue abierto, en un escenario donde la infraestructura vial es clave para la conectividad y el desarrollo económico del país.