Un documento oficial ha puesto en el centro de la polémica el proceso de privatización de empresas estatales estratégicas en Argentina, al revelar posibles inconsistencias en los procedimientos y cuestionar el rol del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). Según la información difundida, el presidente del TTN, Julio Villamonte, habría autorizado la venta de activos como Nucleoeléctrica, AySA, Intercargo y Belgrano Cargas sin el aval del cuerpo colegiado, como exige la normativa interna en casos de especial importancia.

La controversia se intensificó tras la respuesta de Villamonte a un pedido de acceso a la información realizado el 9 de junio, en la que defendió su accionar basándose en el reglamento interno del organismo. Sin embargo, la resolución 72/2023 establece que en decisiones de especial trascendencia, como la privatización de empresas estratégicas, se requiere el acuerdo previo del cuerpo colegiado. "El Tribunal de Tasaciones viola la Ley N°21.126 al negarse a tasar y dejar que lo haga un banco que no tiene especialistas para llevarlo a cabo", señalaron fuentes consultadas por Ámbito, en referencia a la tasación de Nucleoeléctrica, valuada entre 10 y 11 mil millones de dólares.

El proceso de privatización ha beneficiado a grupos empresariales vinculados al gobierno, como los Neuss y Cherñajovsky, quienes adquirieron participaciones en Transener y represas hidroeléctricas tras procesos cuestionados por su transparencia. La privatización parcial de Nucleoeléctrica, en tanto, se encuentra actualmente empantanada debido a la falta de información y a recientes escándalos que han puesto en duda la legalidad de los procedimientos.

El gobierno de Javier Milei ha impulsado una política de privatizaciones masivas como parte de su estrategia para reducir el tamaño del Estado. No obstante, la falta de transparencia y el posible incumplimiento de normativas internas han generado preocupación en diversos sectores, que advierten sobre la pérdida de control estatal en áreas estratégicas y el favorecimiento de grupos cercanos al poder. Fuentes especializadas sugieren que cada proceso debería ser revisado en detalle y no descartan la posibilidad de que algunas privatizaciones sean anuladas en el futuro.