El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha generado un intenso debate tras la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una medida que estuvo vigente por más de tres décadas. Este cambio, oficializado mediante el decreto 273/2025, permite la importación de maquinaria agrícola usada, lo que ha provocado reacciones encontradas entre sectores industriales, gubernamentales y productivos.

Desde el gobierno, se argumenta que la medida busca estabilizar precios y fomentar la competencia en el mercado, permitiendo a los productores acceder a bienes de capital a menores costos. Sin embargo, cámaras industriales como la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT) y la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) han expresado su "profunda preocupación" por los impactos económicos, sociales y ambientales que podría generar.

En un comunicado, AFAT señaló que la eliminación del CIBU introduce una "clara asimetría" entre la producción local y la importación de maquinaria usada, que carece de garantías y trazabilidad. Además, advirtieron que esta medida podría reducir la demanda de maquinaria nueva, afectando a fabricantes, proveedores y distribuidores locales. Según datos de la cámara, entre el 60% y el 75% de las ventas de equipos nuevos en Argentina incluyen la toma de usados como parte de pago, una dinámica que podría verse alterada.

Por su parte, el ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó que la provincia concentra cerca de la mitad de las empresas de maquinaria agrícola del país, generando entre 10,000 y 12,000 empleos directos. Puccini advirtió que la apertura de importaciones podría poner en riesgo estos puestos de trabajo y afectar la competitividad de un sector clave para la economía regional.

Otro punto de preocupación es el riesgo fitosanitario. Desde CAFMA señalaron que la importación de maquinaria usada podría introducir plagas exógenas, como la "chicharrita" del maíz, que ya causó pérdidas millonarias en campañas anteriores. Además, se cuestiona la falta de controles adecuados para garantizar la condición y uso real de los equipos importados.

En respuesta a estas críticas, el gobierno ha defendido la medida como un paso hacia la desregulación económica y la reactivación del mercado. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, calificó al CIBU como un "trámite absurdo" que limitaba el acceso a maquinaria más económica.

Desde Santa Fe, se han propuesto alternativas para mitigar el impacto de la medida, como garantizar la trazabilidad de los bienes importados, reducir aranceles para insumos de producción local y ajustar el régimen impositivo para equilibrar la competencia. Sin embargo, sectores industriales insisten en que la eliminación del CIBU podría tener consecuencias devastadoras para la industria nacional, afectando no solo la producción y el empleo, sino también la sustentabilidad ambiental y la seguridad operativa.

En este contexto, el debate sobre la eliminación del CIBU refleja las tensiones entre las políticas de apertura económica y la necesidad de proteger la industria local, en un país donde la maquinaria agrícola representa un pilar fundamental para la economía y el desarrollo regional.