El Gobierno argentino anunció una medida que permitirá a los particulares importar autos nuevos y usados desde el exterior, sin la intervención de concesionarias o empresas intermediarias, siempre que los vehículos no sean originarios de países del Mercosur. El anuncio, realizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, generó expectativas especialmente en provincias fronterizas como Santa Cruz y Mendoza, donde la diferencia de precios con el mercado local es significativa.

Según el nuevo esquema, los consumidores podrán adquirir vehículos en países como Chile, donde modelos como el Suzuki Alto GL se venden por unos 7.678 dólares. Sin embargo, al sumar impuestos y aranceles, el costo final en Argentina rondaría los 16.000 dólares, cifra que sigue siendo competitiva frente a los precios locales. En el caso de autos usados, como la Toyota Hilux, la diferencia de precio puede superar los 13.000 dólares a favor de la importación desde Chile.

La medida incluye la creación del Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que reemplazaría a la tradicional Licencia de Configuración de Modelo (LCM), facilitando la homologación de modelos que ya cumplen normas internacionales reconocidas por Argentina. No obstante, los vehículos deberán adaptarse a las exigencias locales, como la obligatoriedad del control de estabilidad (ESP), y cumplir con la documentación técnica requerida.

A pesar del entusiasmo de los potenciales compradores, expertos y actores del sector automotor advierten sobre la complejidad del proceso y la necesidad de esperar la reglamentación oficial. Las automotrices locales han manifestado su preocupación por el posible impacto negativo en sus ventas y producción, mientras que el Gobierno sostiene que la medida busca fomentar la competencia y ofrecer precios más accesibles.

Actualmente, la importación de autos usados está restringida a regímenes especiales, y la homologación representa un obstáculo importante. Se anticipa que la nueva normativa podría incluir limitaciones, como la prohibición de vender el vehículo importado durante un período determinado. El debate continúa mientras se aguarda la publicación de la reglamentación definitiva, que definirá el alcance real de la medida y su impacto en el mercado automotor argentino.