El ataque a la vivienda del diputado José Luis Espert, ocurrido el 17 de junio en San Isidro, continúa generando repercusiones políticas y judiciales. Un grupo de encapuchados arrojó estiércol y colocó un pasacalles ofensivo en la puerta de la casa del legislador, utilizando una camioneta Chevrolet S10 que, según la investigación, pertenece a una empresa contratista de Quilmes y estaba asignada al municipio.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa, ordenó el secuestro de imágenes de las cámaras de seguridad municipales de Quilmes para rastrear los movimientos del vehículo. Sin embargo, los efectivos de la Policía Federal se encontraron con la ausencia de registros previos al 2 de julio, debido a un reciente cambio de empresa proveedora del servicio de cámaras. Esta situación ha generado sospechas sobre un posible intento de encubrimiento y ha dificultado el avance de la investigación.

Las pesquisas revelaron que la camioneta estuvo en las inmediaciones de la casa de la expresidenta Cristina Kirchner un día antes del ataque a Espert, lo que ha sumado interrogantes sobre la planificación y motivaciones del hecho. Además, se identificó la participación de Eva Mieri, concejala de Quilmes, y Alexia Abaigar, funcionaria bonaerense, quienes fueron detenidas. Mieri permanece con prisión preventiva, mientras que Abaigar recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por razones de salud.

La Justicia también investiga la posible malversación de recursos públicos, dado que el vehículo utilizado estaba destinado a tareas municipales. Chats y peritajes a celulares han permitido reconstruir parte de la organización del ataque, aunque la defensa de los implicados sostiene que las medidas judiciales son desproporcionadas y responden a motivaciones políticas.

El caso se desarrolla en un contexto de alta polarización política, tras la confirmación de la condena y prisión domiciliaria de Cristina Kirchner. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ha sido señalada por la oposición por presunto encubrimiento, en medio de antecedentes de denuncias por corrupción en su gestión. La investigación continúa bajo secreto de sumario, mientras se esperan nuevas definiciones judiciales que podrían tener impacto en el escenario político nacional.