El Congreso argentino atraviesa una de sus etapas más tensas y paralizadas de los últimos años, en medio de un clima político marcado por la proximidad de las elecciones y la reciente condena a Cristina Kirchner. La actividad legislativa se encuentra prácticamente detenida, con comisiones clave que no convocan a reuniones y proyectos de ley que quedan estancados en trámites burocráticos.

El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, ha optado por una estrategia de control de las comisiones, derivando los expedientes a la mayor cantidad posible de ellas y postergando los llamados a debatir. "Se volvió algo realmente difícil tratar un proyecto de ley. Como manejan las comisiones más importantes, no llaman al debate", explicó un diputado opositor. Esta dinámica obliga a la oposición a solicitar sesiones especiales y emplazamientos para forzar la apertura de las comisiones, aunque el proceso suele volver a foja cero por la falta de quórum o los vetos presidenciales.

La situación se agravó tras la condena a Cristina Kirchner, que endureció la postura de Unión por la Patria y otros bloques opositores. En la última semana, la bancada opositora se retiró de la comisión de Asuntos Constitucionales, denunciando una "escalada autoritaria" y dejando sin dictamen un proyecto clave para la Auditoría General de la Nación. "El Estado de Derecho en la Argentina está muriendo", advirtió el diputado Leopoldo Moreau.

Mientras tanto, el oficialismo tampoco logra avanzar con sus propias iniciativas, como el proyecto de Inocencia Fiscal para fomentar el uso de dólares no declarados, que enfrenta demoras por falta de consensos internos y externos. El Ejecutivo ha recurrido a decretos para avanzar en su agenda, como la reforma del estatuto de la Policía Federal, mientras la oposición exige que estas medidas pasen por el Congreso.

La fragmentación política y la presión electoral generan fisuras incluso entre los aliados del oficialismo, como el PRO y la UCR, que muestran diferencias internas en votaciones clave. Sindicatos y especialistas reclaman la normalización de organismos de control como la AGN, cuya parálisis es vista como un reflejo de la crisis institucional que atraviesa el Parlamento.

Con la cuenta regresiva hacia las elecciones en marcha, la actividad legislativa parece condenada a la inercia, mientras oficialismo y oposición se acusan mutuamente de bloquear el funcionamiento democrático.