El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires firmaron un convenio para transferir las competencias de la Justicia Laboral a la órbita porteña, en lo que se considera un paso clave hacia la autonomía judicial de la capital. El acuerdo, rubricado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, fue enviado al Congreso para su tratamiento y deberá ser ratificado tanto por el Senado como por la Legislatura local.

La medida, que se gestó durante negociaciones entre ambas administraciones, prevé que los nuevos casos laborales se tramiten en la justicia porteña, mientras que los expedientes existentes y los conflictos colectivos seguirán bajo jurisdicción nacional. El plazo para la implementación es de 180 días desde la aprobación legislativa, durante el cual se organizará la transición y la puesta en marcha de los juzgados laborales de la Ciudad.

El convenio excluye de la transferencia los conflictos colectivos, la negociación sindical y los asuntos federales, que permanecerán bajo el fuero nacional. Además, se anticipa el cierre de juzgados nacionales vacantes y la Sala VII de la Cámara Nacional del Trabajo, y se establece que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad será la instancia de apelación previa a la Corte Suprema.

La iniciativa fue incluida en el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado, lo que ha generado rechazo entre jueces nacionales y sindicatos, quienes convocaron a paro y movilizaciones en defensa de los derechos laborales. El Gobierno porteño, por su parte, considera el traspaso como un "nuevo hito" hacia la autonomía plena y destaca que permitirá un servicio de justicia "más ágil y moderno".

El debate sobre el traspaso de competencias judiciales se arrastra desde la reforma constitucional de 1994, cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió autonomía y la facultad de organizar su propio Poder Judicial. En 2024, la Legislatura porteña aprobó la creación del nuevo fuero laboral local, y el fallo "Levinas" de la Corte Suprema habilitó al Tribunal Superior de Justicia porteño como instancia revisora.

Empresarios y funcionarios nacionales sostienen que la medida busca terminar con la "industria del juicio" que, según afirman, perjudica a empresas y trabajadores. En contraste, el peronismo y sectores judiciales advierten sobre riesgos de flexibilización y pérdida de garantías para los trabajadores. El resultado final dependerá de la aprobación legislativa y de la capacidad de implementar una transición ordenada, en un contexto de fuerte debate político y social.