La causa judicial por la criptoestafa $Libra sumó un nuevo capítulo tras detectarse que Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años residente en Tigre, recibió una transferencia de un millón de dólares en criptomonedas por parte de Hayden Davis, empresario texano y principal promotor de la moneda digital. La operación se realizó el 30 de enero de 2025, el mismo día en que Davis se reunió con el presidente Javier Milei y publicó una foto junto al mandatario en redes sociales.

Según la investigación, la transferencia fue identificada gracias a datos aportados por la plataforma Bitget y al seguimiento de billeteras públicas, especialmente tras el colapso de $Libra y el reembolso a un inversor estadounidense de alto perfil. El fiscal Eduardo Taiano determinó que dos direcciones asociadas a Davis enviaron US$507.500 cada una a una cuenta de Bitget identificada como propiedad de Mellino. Horas después, el dinero fue transferido en cuatro operaciones a otra billetera aún no identificada, en un lapso de apenas 13 minutos.

La Justicia estima que entre enero y febrero de 2025 se movieron al menos US$5,78 millones en criptomonedas a través de este circuito. Además, Mellino no tiene domicilio verificable en Tigre, lo que refuerza las sospechas sobre su rol en la operatoria. El expediente también menciona vínculos con el empresario Mauricio Novelli y el influencer colombiano Camilo Rodríguez Blanco, ambos bajo investigación.

El caso $Libra, que fue promovido en redes sociales por el presidente Milei y colapsó tras un breve auge, dejó pérdidas millonarias y una legión de damnificados en varios países. A pesar de la magnitud del escándalo, la causa judicial aún no registra citaciones a indagatoria ni declaraciones de los imputados, entre los que figuran el propio presidente, su hermana Karina Milei y empresarios vinculados al proyecto. Mellino, por su parte, figura desde 2023 como gerente de una empresa relacionada con los Pandora Papers, lo que añade complejidad al entramado investigado. El avance de la causa y las posibles implicancias políticas y judiciales siguen siendo inciertos.