El Gobierno Nacional declaró la emergencia agropecuaria en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Río Negro, tras las severas afectaciones provocadas por sequías, granizo, viento e inundaciones que impactaron fuertemente en la producción rural. El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien detalló que la medida permitirá a los productores acceder a asistencia económica y beneficios fiscales, conforme a lo estipulado por la Ley 26.509.

En la provincia de Buenos Aires, la emergencia se extiende a numerosos municipios, entre ellos Bolívar, Lincoln, Bragado y General Viamonte, donde miles de hectáreas permanecen bajo agua. El gobierno bonaerense, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, amplió la asistencia a $1.900 millones y dispuso el envío de equipamiento para las zonas más afectadas. "Se definieron dos caminos de trabajo: uno de respuesta rápida, para recuperar caminos y accesos, y otro estructural, para avanzar en soluciones definitivas sobre el manejo del agua", explicaron desde el municipio de General Viamonte.

En Entre Ríos, la declaración de emergencia alcanza al distrito Mandisoví, en el departamento Federación, donde el temporal de granizo y viento del pasado mayo causó graves daños en cultivos de citrus y hortalizas. La medida, solicitada formalmente por el gobierno provincial, establece la vigencia de la emergencia hasta mayo de 2026 para los productores citrícolas, quienes podrán acceder a prórrogas impositivas y refinanciación de créditos bancarios.

Por su parte, en Río Negro, la emergencia y/o desastre agropecuario se prorroga hasta mayo de 2026 para explotaciones ganaderas bovinas, ovinas y caprinas en varios departamentos, incluyendo Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y 9 de Julio. La decisión responde a la persistencia de condiciones climáticas adversas y busca aliviar la situación de los productores afectados.

El contexto de crisis hídrica y climática se agrava por la falta de avances en obras hidráulicas fundamentales, como el Plan Maestro del Río Salado. Productores y entidades rurales han reclamado mayor coordinación entre Nación y provincias para evitar demoras que "eternizan las obras" y dificultan la recuperación de las zonas productivas. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, propuso la creación de consorcios de vecinos para administrar tasas viales y mejorar el manejo de caminos rurales, mientras el Consejo Asesor del Plan Maestro del Salado instó a una articulación seria y continua de las políticas hídricas.

Las reacciones de los actores involucrados reflejan tanto el reconocimiento de la asistencia estatal como la preocupación por la lentitud en la respuesta y la necesidad de soluciones estructurales. La continuidad de las obras y la articulación entre los distintos niveles de gobierno serán claves para mitigar los efectos de los eventos climáticos extremos y garantizar la recuperación del sector agropecuario.