La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa una crisis institucional tras el despido de 24 empleados, medida que desencadenó la renuncia de tres gerentes de áreas estratégicas y una serie de reclamos gremiales y académicos. El conflicto se desató el martes 2 de julio, cuando los telegramas de despido llegaron a los trabajadores durante una reunión con el sindicato, sorprendiendo a empleados y directivos.

Según fuentes internas, las desvinculaciones afectaron áreas clave, paralizando proyectos y comprometiendo contratos de servicios esenciales para la institución. Gerentes de sectores como Energía Nuclear y Combustibles Nucleares solicitaron formalmente la reincorporación de los empleados despedidos, argumentando que la medida genera perjuicios operativos, económicos y científicos. "La interrupción de sus vínculos laborales genera un impacto sumamente negativo y un perjuicio directo sobre la operatividad de instalaciones críticas", advirtió Juan Manuel Ranalli, gerente del Área Energía Nuclear, en una carta dirigida al presidente de la CNEA, Martín Porro.

Por su parte, Porro defendió la decisión, asegurando que "no hubo despidos de personal científico ni estratégico" y que la medida responde a un proceso de modernización y dinamización de la estructura organizativa. Sin embargo, las renuncias de Karina Pierpauli, Fabiana Gennari y Alejandra Calvo, gerentes de áreas de investigación y desarrollo, evidencian el malestar interno. "Las condiciones actuales de gestión y operación institucional difieren sustancialmente de aquellas acordadas al asumir mis funciones", expresó Pierpauli en su renuncia.

El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional manifestó su preocupación por el debilitamiento de organismos científicos estratégicos, advirtiendo que la falta de financiamiento y la fuga de científicos ponen en riesgo capacidades construidas durante décadas. Gremios y sindicatos sostienen que la continuidad de proyectos de relevancia nacional e internacional, como el Microscopio Electrónico de Barrido y el Reactor Multipropósito RA-10, está comprometida.

Mientras el gobierno insiste en que la medida busca potenciar la CNEA, el conflicto expone tensiones en el sector científico y abre interrogantes sobre el futuro de la investigación y la tecnología en Argentina.